Solicitud: 43882…a Ministra de justicia, Pide se deniegue la solicitud de Indulto…

Apuntes para una Reflexión: Ciro Silva Paredes.

Lima, 10 de Octubre del 2,012
 
Doctora 
Eda Adriana Rivas Franchini
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
Scipión Llona 350
Miraflores.-
 
De nuestra consideración:
 
          Nos dirigimos a usted y por vuestro intermedio a la Comisión de Gracias Presidenciales, con la finalidad de que se DENIEGUE LA SOLICITUD DE INDULTO al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori.
          Nuestra solicitud, está basada en las normas legales, brillantemente explicadas por el destacado penalista Dr. Guillermo Olivera Díaz (cuyos artículos adjuntamos), el cual nos alerta  respecto a que la Comisión de indulto, estaría prohibida de tramitar indulto a Fujimori; y las declaraciones del médico Pedro Sánchez, jefe de Cirugía de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).  Al respecto, el penalista Olivera declaró recientemente: «Anuncio al país que formularé denuncia penal contra el actual Presidente, Ollanta Humala Tasso, si acaso indulta a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de pena privativa de libertad, por crímenes de lesa humanidad, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de ratificar el 7-9-2012, (competencia internacional que el Perú soberana y libremente ha reconocido desde 1981), pues se trataría de una gracia presidencial violatoria de leyes peruanas prohibitivas de tal indulto y del derecho y jurisprudencia internacional reciente. Indultar es prerrogativa presidencial pero dentro de ley y Constitución y no fuera de las normas jurídicas. Argumentos jurídicos:-       Ley penal prohibitiva de indulto y crímenes de lesa humanidad.- El Presidente de la República no puede conceder el indulto a un condenado por  delito de secuestro agravado, como es el caso de Fujimori preso en DIROES, cuando existe una ley interna que lo prohíbe: la Ley N° 26478 de 3-6-1995, «excluye del beneficio del indulto a los autores del delito de secuestro agravado». ¡Esta norma la promulgó Fujimori pensando en otros delincuentes; ahora es para él! El presidente que fuere, violaría esta ley con responsabilidad penal en lugar de cumplirla y hacerla cumplir como es su obligación. El Art. 118° citado manda al Presidente «cumplir  y hacer cumplir la Constitución, tratados y  leyes» y no violarlas o desacatarlas. De haber violaciones se pagan más tarde. La conducta ilícita del que concede un indulto que la ley prohíbe tiene clarísimo contenido penal, al sustraerlo al beneficiario de una medida penal ordenada por los jueces. Estaríamos ante un delito de encubrimiento personal (Artículo 404°, Código Penal), so pretexto de una prerrogativa presidencial mal aconsejada. Con mayor razón el presidente no puede conceder un indulto por crímenes de lesa humanidad, a través de un simple decreto supremo incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos  de rango constitucional. La justicia internacional ha establecido incompatibilidad hasta con las leyes de amnistía que promulgó Fujimori a favor de Montesinos y miembros del grupo Colina por el caso Barrios Altos.
-       Cosa juzgada internacional.- Además, el Caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta  ya fue judicializado internacionalmente.  El 14-3-2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad decidió, en forma definitiva, que el «Estado del Perú violó el derecho a la vida (de más de 25 personas); que «debe investigar los hechos  y  sancionar  a los responsables» y que las «leyes de amnistía 26479 y 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen  de  efectos  jurídicos». Véase el Punto 51 de dicha sentencia. Siendo así, tanto el Congreso de la República, mediante otra ley de amnistía, como el Presidente  Ollanta Humala vía decreto supremo, mal pueden contrariar un tema judicializado sin incurrir en responsabilidad penal. El indulto común o el indulto humanitario «suprimen la pena impuesta»; o sea, dejan sin sanción al condenado. Así reza el Art. 89° del Código Penal, pese a que el fallo de la Corte de San José de Costa Rica obliga al Estado peruano a «investigar los hechos y  sancionar a los responsables», que ya fueron identificados: Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, los inefables del grupo Colina, entre otros. Esta sentencia supranacional negó la amnistía, el indulto, la prescripción de la acción penal. Ordenó el 14-3-2001 la sanción que ya ha impuesto el Poder Judicial peruano en última instancia, considerando crímenes de lesa humanidad los de Fujimori; el 7-9-2012, tales conceptos los ha ratificado supervisando el cumplimiento del fallo anterior. Al Congreso peruano y al presidente no les compete decidir contra los jueces internacionales. Sería una  monstruosidad que corrigieran o enervaran los efectos de una sentencia de un caso concreto que es cosa juzgada. Si lo hacen el Estado peruano incurre en una costosa responsabilidad internacional.
 En conclusión, indultar a Fujimori es prerrogativa constitucional del presidente Humala, pero sin violar la Constitución, las leyes u otras disposiciones de menor rango; contrariarlas, convierte en ilegítimo el indulto que braman con insolencia sus herederos. Al existir la ley que prohíbe indultar a un sentenciado por secuestro agravado, como es el caso de Fujimori, el presidente está obligado a cumplir este mandato legal. Verdad de Perogrullo: una ley la aprueba el Congreso y la promulga el Presidente de la República. Un indulto se concede por decreto supremo, norma de menor jerarquía que una ley. Además, la justicia nacional e internacional han calificado los crímenes de Fujimori como de lesa humanidad, concepto que es cosa juzgada internacional, que el Perú libre y soberanamente se ha obligado a acatar», concluye el Dr. Olivera.  Asimismo, el médico Pedro Sánchez, declaró por primera vez el día 4 de Octubre del presente en Radio Programas del Perú: «El ex presidente Alberto Fujimori no padece de cáncer terminal, sin embargo, tiene una enfermedad crónica en la cavidad bucal que presenta recaídas y está en curso de ser crónico (como miles de pacientes que a diario van al INEN). No podemos calificarlo de terminal y eso ha sido coincidente con el informe que hicimos en la operación del 2011, en el que él mismo Fujimori, salió a dar esta explicación. Por lo tanto en este momento no es un paciente terminal. No queremos involucrarnos en el tema del indulto, sino presentar evidencias médicas de un paciente complejo para que las personas tomen una decisión correcta», afirmó Sánchez al señalar que si declara ahora es por tener el permiso del paciente.           Agradeciendo por anticipado su oportuna atención, mucho le agradeceremos conceder una AUDIENCIA DE TRABAJO a fin de sustentar oralmente nuestra solicitud.  Muy atentamente,
 
 Econ. Ciro Silva Paredes
DNI 08801117
Presidente – Fundador

¿Comisión de indulto a Fujimori al banquillo por doloso encubrimiento?
Artículo Nº 348 Expreso mi emocionada complacencia por una ponderada nota periodística de Javier Soto en La Primera de hoy domingo siete. Su enfoque jurídico y la entrevista que me hizo reflejan fielmente mi criterio y convicción jurídica, pues el indulto a Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad, es primero un asunto de corte jurídico y superado éste vendría recién la arista médica. Jamás de modo contrario e interesado.En esta segunda etapa médica se comprobará el estado terminal de la enfermedad  que dice padecer el solicitante o su enfermedad -no terminal- pero grave, degenerativa, creciente, incurable e irreversible (o sea, que no hay vuelta atrás, como para ser de nuevo candidato o acompañar a su hija Keiko en campaña permanente).Primero, la Comisión debe constatar  si los delitos motivo de la condena a Fujimori tienen impedimentos de concesión de  indulto, de orden legal o judicial. Si existen impedimentos de tal orden, simple o doble, la Comisión debe  rechazar de plano la solicitud sin averiguar nada más, sin trámite previo de ninguna índole, sin verificar el estado de salud del presunto beneficiario y sin  proponer nada al presidente.Si no rechaza de plano  incurre en responsabilidad hasta penal, por lo que ocupará su sitio en el banquillo de los acusados, con mayor razón si los 5 miembros que la integran son abogados, algunos con marcada experiencia en el campo penológico o penitenciario. Tal rechazo a la petición de indulto está establecido expresamente en el Reglamento de esta Comisión, que es como su Constitución Política, al cual tiene que ceñirse inexorablemente, pues carece de facultades de crear su procedimiento o trámite para esta gracia presidencial. Tal Reglamento la obliga, sí o sí.Así consta en el Artículo 17° de este cuerpo normativo, aprobado por Resolución Ministerial N° 0162-2010-JUS de 13-07-2010 y también en el Artículo 5° del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS de 22-06-2010 que crea la Comisión de Gracias Presidenciales. Tiene, pues, este ente colegiado una prohibición doble para no tramitar el indulto que las leyes prohíben concederlo y fallos judiciales también. El presidente Humala no puede ordenar nada en contrario al proceder legal de esta Comisión; no existe un orden jerárquico entre ambos. Son jueces en su campo funcional.Asimismo, el presidente Humala está a su vez impedido de dictar un indulto, si es que él está prohibido por ley y por el fallo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 14-03-2001, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, en los cuales ni la amnistía es procedente, tampoco la prescripción impera. Son crímenes cuya acción penal es imprescriptible, se persiguen de por vida y las penas se cumplen sin beneficios ni recortes con gracias presidenciales de favor. Si el Congreso no puede amnistiar por ley lo prohibido: ¿por qué el presidente podría indultar por resolución suprema lo igualmente prohibido? Sería un  peliagudo contrasentido constitucional: ¡las leyes prohibitivas se expiden para ser cumplidas por todos!Discrepancia tajante con César Valega.- Discrepo con el colega César Valega cuando declara a La Primera que la Comisión puede rechazar de plano la solicitud de indulto ordinario y no del humanitario, según se da cuenta en la nota que comento.El Artículo 17° que regula el rechazo sin trámite alguno se refiere a todo tipo de indulto, ya que este numeral integra el CAPÍTULO I del TITULO III de este Reglamento y lleva por título elocuente: «DE LAS SOLICITUDES DE GRACIAS PRESIDENCIALES EN GENERAL» que comprende  a los artículos 16°  a 24°. Entonces, el citado colega distingue donde la norma no distingue. Además, este numeral 17° es uno de carácter especial sobre el procedimiento. No hay otro igual o afín en materia de indulto humanitario.Lima, domingo siete de octubre del 2012
 
Indulto a Fujimori es tema jurídico antes que médico Artículo Nº 347.  El primer ministro Jiménez Mayor ha declarado que la Comisión de Gracias Presidenciales tendrá que ver el problema médico que el solicitante del indulto afirma tener. No sé si es una sugestión sibilina o una orden impropia.

Siendo esta Comisión de 05 miembros un ente autónomo, cuyas funciones están establecidas en su Reglamento, aprobado por Resolución Ministerial 0162-2010-JUS de 13-7-2010, cuerpo normativo que es como su Constitución Política, marco jurídico del cual no se puede salir, mal hace el primer ministro soplarle al oído lo que ella debe realizar. No valen consejos ni órdenes para violar las normas reglamentarias de esta Comisión. Tampoco la Comisión puede actuar a discreción, ad líbitum o como le viene en gana.  En efecto, recibida la solicitud del indulto de Fujimori lo primero que debe constatar la Comisión, como trabajo mental, es si los delitos motivos de la condena del solicitante, tienen algún impedimento legal o judicial de concesión de indulto. Esto lo señala el Art. 5° del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS que crea la Comisión y el Art. 17° del Reglamento invocado. Ambas disposiciones constriñen al ente.

Si la respuesta es afirmativa: que sí existen impedimentos para concederlo, está prohibida de tramitar la petición, la cual debe rechazarla de plano, es decir, sin averiguación alguna, sin verificación de documentos médicos o de otra índole y sin tener que convocar a los miembros de la Junta Médica Penitenciaria, que ha sugerido el primer ministro. No se puede pronunciar en este estadio sobre otro supuesto diferente, aunque el peticionante de la gracia presidencial esté moribundo, porque le falta un minuto para expirar. No es su función violar lo que disponen las normas por un acto de humanidad. Otros verán el asunto humanitario, de otra manera y no vía el indulto.

En el caso de Fujimori, la concesión de indulto está prohibida por dos leyes: 26478 y 28760 y por fallos del Tribunal Constitucional peruano, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no puede desoír, desobedecer, evaluar o contrariar estas prohibiciones, simplemente las acata y no tramita el indulto solicitado.  Este rechazo a priori de la petición no puede ser revocado por el presidente Humala o por la ministra de Justicia Eda Rivas, quienes no pueden dar órdenes a la Comisión, ni verbales, tampoco escritas. Menos pueden revocar de oficio la decisión aquella.  De allí la importancia de esta Comisión. Con más poderes que el presidente mismo, al poder rechazar de plano (sin trámite previo) un pedido de indulto que la ley o alguna sentencia lo prohíbe o proscribe. Y que nadie puede contrariar esta decisión, hasta que las leyes prohibitivas se deroguen o las sentencias prohibitivas sean anuladas.  Demás está decir que sin proposición de indulto de esta Comisión el presidente Humala no tiene materia que resolver. Ni siquiera se forma el expediente, aparte de la solicitud y su rechazo liminar. La proposición, aunque no es vinculante, es su antecedente necesario; sin él no vendrá la decisión presidencial, ni el trámite administrativo. Dura es la ley, pero es la ley.
Lima, 06 de octubre del 2010
 
Comisión de indulto encubriría crimen de lesa humanidad de Fujimori
Artículo Nº 343 Si la silenciosa Comisión de Gracias Presidenciales no rechaza de plano la solicitud de indulto, pese a saber que está prohibida expresamente de tramitarla, entonces, cometerían sus miembros, con dolo mayúsculo, delito de encubrimiento personal agravado  al haber coparticipado, como cómplices primarios, en la sustracción de Fujimori de la ejecución de su  pena de 25 años ordenada por la justicia penal peruana, y recientemente aprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por crímenes de lesa humanidad en agravio de 25 personas en el caso Barrios Altos y otros.
El delito está previsto en el Artículo 404° del Código Penal  y su forma agravada, que se sanciona con una pena no menor de diez años ni mayor de 15, se configura al estar los 05 miembros de la Comisión, en mayoría abogados,  encargados de la custodia formal del condenado en el cumplimiento de la pena ordenada. El mismo delito, entre otros ilícitos penales, aunque en diferente grado de participación, comete el presidente, al indultarlo, pese a que la gracia presidencial le está negada por leyes nacionales -una suscrita y promulgada por el mismo Fujimori: N° 26478, de 03-06-1995-, y por el derecho internacional que el Perú ha hecho suyo y  por la frondosa  jurisprudencia internacional de fechas recientes.

Presentaré denuncia penal por el mencionado delito de encubrimiento contra los siguientes 05 miembros de esta Comisión de Gracias Presidenciales: Presidente: Dr. Oscar Ayzanoa Vigil (abogado de la PUCP) Miembro 1: Dr. Víctor Arroyo Cuyubamba (presbítero).
Miembro 2: Dra. Laura Vargas Valcárcel (de la Comisión Episcopal de Acción Social)
Miembro 3: Dra. Fernanda Ayasta Nassif (abogada)
Miembro 4: Dra. Carmen Ortega Paredes (abogada y docente de la USMP y psicóloga)
¿Se atreverían estos profesionales a correr riesgos penales gratuitamente? ¿Violarían una norma prohibitiva que les obliga a no tramitar una solicitud de indulto cuando esta gracia  está negada por varias leyes? Pronto el país lo sabrá.Lima, 30-09-2012
Comisión prohibida de tramitar indulto a Fujimori.
Artículo Nº 342Así como el presidente Humala, la Comisión de Gracias Presidenciales, ente colegiado de origen misterioso y aluvional, cuyos miembros los designa a dedo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Edda Rivas Franchini, está obligada a cumplir escrupulosamente las normas jurídicas que regulan el trámite del indulto, ora el común, ora el humanitario, bajo responsabilidad civil, penal y disciplinaria.                         

 
Informo al país que esta Comisión está prohibida, en forma expresa y apodíctica, de tramitar cualquier solicitud que pida indulto por razones humanitarias, si es que exista alguna ley que niegue o prohíba su concesión. Está obligada a rechazar la solicitud de plano, sin trámite alguno. Ni siquiera debe evaluar los documentos que se presenten.
Lo único que tiene que informarse es, si acaso ignora, si existen normas legales que prohíben esta gracia, y de ser positiva su indagación debe rechazar ipso facto la petición.  Este es el caso del invisible y dubitativo solicitante Alberto Fujimori, Su solicitud, de ser presentada, debe ser rechazada de plano; pues la ley prohíbe su tramitación.  Por lo tanto, la Comisión no tiene que indagar y proponer nada; el expediente en cuestión no llegaría al despacho de la ministra concernida, menos al presidente Humala, por lo que ambos se curarían en salud al no tener que emitir pronunciamiento alguno.

 
Por el momento, el país debe saber quiénes son los actuales 05 miembros de esta Comisión de Gracias Presidenciales, de altísima responsabilidad. La ministra de Justicia debe presentarlos en público. Son demasiados fusibles, sujetos al fragor del cieno de la política mal entendida por fujimoristas, humalistas y alanistas, que no conocen el perdón, ni sienten el remordimiento, tampoco el arrepentimiento.

 
El Artículo 5° del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS es el que establece la prohibición en comento. Reza su texto: la «Comisión de Gracias Presidenciales no dará trámite a las solicitudes de los condenados por delitos a los que por ley expresa se ha excluido de la gracia del indulto, derecho de gracia y conmutación de penas». Todos entendemos qué es «no dar trámite» a lo que no se debe dar, sin incurrir en responsabilidad.
¿Arriesgarán su pellejo los 5 profesionales de esta Comisión, dando trámite a la solicitud de indulto a Fujimori que el orden jurídico prohíbe?
Lima, 29 de setiembre del 2012.
 
Comisión de gracias presidenciales prohibida de tramitar el indulto a Fujimori
 
No sólo el Presidente Ollanta Humala está prohibido, por leyes de la República, conceder un indulto humanitario, vía un decreto supremo, sino también la propia Comisión de Gracias Presidenciales, de 05 miembros, adscrita al Ministerio de Justicia, está expresamente impedida de dar trámite a cualquier solicitud de un condenado por delitos que la ley priva del indulto de toda índole. Ambos entes están obligados a cumplir la ley, pues incurren en responsabilidad penal al desacatarla.
Si una ley establece que el condenado por delito de secuestro no debe ser indultado, cualquier Presidente debe cumplir este mandato. La ley está por encima de él; está dada para que la cumpla, sin dudas ni murmuraciones. La Constitución no le instituye facultades ilegales, ni patente de corso. El rule of law anglosajón prima.
Lo mismo sucede con otros supuestos delictivos. Por ejemplo, por leyes expresas se prohíbe acogerse a los beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo y ciertas modalidades de narcotráfico.
Se les prohíbe usualmente y sin bochinche de nadie ciertos beneficios penitenciarios o se agrava su concesión, tal como la redención de penas por el trabajo al secuestrador, exigiéndole 07 días de labor efectiva por cada día de pena redimido (Ley N° 29423 de 13-10-2009).
«Los condenados por delitos de terrorismo y/o traición a la patria no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional» (Art. 2°, Ley 29423). Sin rechistar.
Del mismo modo la Ley N° 28760 de 13-06-2006 señala que «no procede el indulto a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión. Tampoco el derecho de gracia a los procesados por tales delitos». Antes de ésta, la Ley N° 26478 de 03-06-1995, promulgada precisamente durante el gobierno de Fujimori, establecía la improcedencia del indulto para los sentenciados por secuestro agravado. También se prohíbe el indulto en el caso de violación de menores de edad por la Ley N° 28704 de 03-04-2006. Las 03 leyes obligan al Presidente a no indultar y a las Comisiones de trámite a rechazar de plano peticiones ilegales.
En tales casos, tales condenados ni siquiera se atreven a pedir beneficios ni que se los indulte: a) porque la ley prohíbe beneficiarlos o indultarlos; y b) reconocen con estoicismo la gravedad de sus crímenes. La misma valentía debería mostrar Fujimori y su familia, tal como la presumían estando en el poder. En mis 42 años de abogado no conozco un caso de un liberado por indulto pese a prohibiciones legales. Tampoco conozco a ningún recluso que cobardemente lo haya pedido.
De producirse la petición de indulto humanitario pro Fujimori, la Comisión de Gracias Presidenciales, cuyos miembros son fusibles o movedizos a discreción del Ministro de Justicia, del Primer Ministro y del propio Presidente de la República, tiene la constricción de no tramitarla. Sus cinco miembros no actúan a su discreción sino compelidos por normas jurídicas ineludibles. Todo el trámite será conforme a derecho y no como crean, piensen o sientan sus integrantes. Igualmente, la Presidencia de la República no actúa de oficio, como Mesa de Partes, Junta Médica Penitenciaria, ni Comisión de Indultos. Las instancias no se saltean.
El Artículo 5° del Decreto Supremo N° 008-2010-JUS establece la siguiente prohibición: la «Comisión de Gracias Presidenciales no dará trámite a las solicitudes de los condenados por delitos a los que por ley expresa se ha excluido de la gracia del indulto, derecho de gracia y conmutación de penas». Todos entendemos qué es «no dar trámite».
En el caso de Fujimori, no es solo una ley que prohíbe el indulto por el delito de secuestro que ha sido condenado, sino dos. La Ley 26478, promulgada por él mismo en 1995 antes de su condena; y la Ley 28760, dada durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ambas son leyes expresas que la Comisión de Gracias Presidenciales debe acatar, salvo que sus 05 miembros quieran asumir su responsabilidad penal por encubrimiento personal, delito previsto en el Artículo 404° del Código Penal. Igual suerte correría el Presidente Ollanta si concede el indulto pese a todo, violando leyes prohibitivas expresas. Su rol presidencial es cumplirlas. La Constitución no le faculta violar las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el mismo Presidente.
Lima, 27 de diciembre del 2011
 
Denunciaré al presidente si indulta ilícitamente a FujimoriArtículo Nº 341
Como abogado con 42 años de ejercicio en la defensa penal, entiendo a cabalidad que cualquier funcionario público, desde el pinche hasta el encumbrado, como el Presidente de la República, un ministro de Estado, un congresista, un vocal de la Corte Suprema o un magistrado del Tribunal Constitucional, o un modesto ujier de concejo distrital, tienen sus roles, funciones, obligaciones o tareas legales que cumplir.El ordenamiento jurídico nacional, y el internacional adoptado como nuestro, las faculta, las legitima o permite, o sea, las justifica. Ningún rol puede materializarse violando la norma legal, sin incurrir en responsabilidad civil, administrativa o penal. Vean sino a Villa Stein que vive sus propias pindingas,  por desacatar un fallo internacional, driblear leyes penales y sustraerse de otras decisiones judiciales, por favorecer a Fujimori, Montesinos y los miembros del grupo Colina. Sin embargo, en el cumplimiento de tal trabajo también pueden delinquir, actuar ilícitamente. El presidente puede valerse de un decreto de urgencia (delictiva) o de un decreto supremo para pecular (robar) dineros del fisco o indultar ilícitamente; un vocal supremo y los demás de su tribunal pueden hacer uso de una sentencia para prevaricar; o una mayoría congresal mediante una ley formal puede consumar ilícitos de todo jaez.Cada uno de ellos puede actuar tal como un redomado estafador que utiliza un contrato de compra venta, incluso con legalización notarial e inscripción en los registros públicos, para consumar su fechoría, o sea, su estafa. Puede así «vender» o «alquilar» el estadio nacional a algún incauto o su solo inmueble a varios compradores. La formalidad no excluye el ilícito.Con esa convicción jurídico penal, anuncio al país que formularé denuncia penal contra el actual Presidente, Ollanta Humala Tasso, si acaso indulta a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de pena privativa de libertad, por crímenes de lesa humanidad, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de ratificar el 7-09-2012, competencia internacional que el Perú soberana y libremente ha reconocido desde 1981, pues se trataría de una gracia presidencial violatoria de leyes peruanas prohibitivas de tal indulto y del derecho y jurisprudencia internacional reciente.Indultar es prerrogativa presidencial pero dentro de ley y Constitución y no fuera de las normas jurídicas.El actual primer ministro, cuando estaba encargado del sector Justicia, abogado constitucionalista, JUAN JIMENEZ MAYOR, declaró «que la figura del indulto humanitario no es un tema de «voluntades», sino es una prerrogativa del Presidente de la República y está considerada en la Constitución … que los criterios para el otorgamiento de un indulto humanitario son técnicos y se manejan a partir de peritajes médicos».
Poco le faltó para aseverar que lo puede otorgar «De Oficio», es decir, a su propia iniciativa.Habrá que refregarle al señor primer ministro que en la Constitución Política no existe la frase «indulto humanitario»; tampoco que sea una «prerrogativa del Presidente de la República» a partir de «criterios técnicos», cuyo punto de partida sean «peritajes médicos», ¿de parte interesada? Nada de lo antes subrayado es un tema de estricto orden y naturaleza jurídico- constitucional. Quizá el citado quiere quedar bien con el presidente pero con malos consejos, extra jurídicos, para mantener el fajín.

El Artículo 118° de la actual Carta Magna, en su inciso 21, en forma concisa establece que: «Corresponde al Presidente de la República: Conceder indultos». Por lo tanto, la adición que formula el servicial y acomedido ministro no  «está considerada en la Constitución», sino quizá en sus larvados deseos de indultar ilícitamente a Fujimori, pese a que hay ley peruana expresa que lo prohíbe al sentenciado por secuestro agravado y la justicia y derecho internacional niegan  indultar  y  amnistiar en delitos de lesa humanidad.Si el primer ministro pretende interpretar la Constitución a pedazos y de semejante modo, acuñando textos que ella no contiene, añadiéndole temas no constitucionales sino de otro orden, convendría que aconseje al Presidente Ollanta, militar de profesión, ergo, lejano del derecho, que ejerza sus prerrogativas constitucionales sin violación alguna; es decir, que las cumpla con apego a la Constitución, a las leyes y otras normas menores.En tal sentido la propia Carta Política norma sin ambages: «Corresponde al Presidente de la República: Cumplir  y hacer cumplir la  Constitución  y los tratados,  leyes  y demás disposiciones». En consecuencia, cuando indulta el Presidente lo debe hacer dentro de la ley y no ad líbitum; además, lo que dicen las leyes prevalecen sobre otros criterios técnicos o peritajes médicos de favor, gestionados por un galeno de cabecera, como el congresista fujimorista Aguinaga.Ley penal prohibitiva de indulto y crímenes de lesa humanidad.- 

El Presidente de la República no puede conceder el indulto a un condenado por  delito de secuestro agravado, como es el caso de Fujimori preso en DIROES, cuando existe una ley interna que lo prohíbe: la Ley N° 26478 de 03-06-1995, «excluye del beneficio del indulto a los autores del delito de secuestro agravado». ¡Esta norma la promulgó Fujimori pensando en otros delincuentes; ahora es para él!

El presidente que fuere violaría esta ley con responsabilidad penal  en lugar de cumplirla y hacerla cumplir como es su obligación. El Art. 118° citado manda al Presidente «cumplir  y hacer cumplir la Constitución, tratados  y  leyes» y no violarlas o desacatarlas. De haber violaciones se pagan más tarde.

La conducta ilícita del que concede un indulto que la ley prohíbe tiene clarísimo contenido penal, al sustraerlo al beneficiario de una medida penal ordenada por los jueces. Estaríamos ante un delito de encubrimiento personal (Artículo 404°, Código Penal), so pretexto de una prerrogativa presidencial mal aconsejada.

La atribución presidencial de indultar no se ejerce a discreción asolapada, violando leyes, pretextando sentimientos de humanidad que esconden intereses nefandos llamados políticos, corrupción y a menudo  prebendas millonarias o apoyos congresales propios del fujimorismo. ¿Recuerdan al Congreso de Alan García haciendo mayoría con fujimoristas?

Con mayor razón el presidente no puede conceder un indulto por crímenes de lesa humanidad, a través de un simple decreto supremo incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos  de rango constitucional. La justicia internacional ha establecido incompatibilidad hasta con las leyes de amnistía que promulgó Fujimori a favor de Montesinos y miembros del grupo Colina por el caso Barrios Altos.

Cosa juzgada internacional.- Además, el Caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta  ya fue judicializado internacionalmente.  El 14-03-2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad decidió, en forma definitiva, que el «Estado del Perú violó el derecho a la vida (de más de 25 personas); que «debe investigar los hechos  y  sancionar  a los responsables» y que las «leyes de amnistía 26479 y 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen  de  efectos  jurídicos». Véase el Punto 51 de dicha sentencia.

Siendo así, tanto el Congreso de la República, mediante otra ley de amnistía, como el Presidente  Ollanta Humala vía decreto supremo, mal pueden contrariar un tema judicializado sin incurrir en responsabilidad penal.

El indulto común o el indulto humanitario «suprimen la pena impuesta»; o sea, dejan sin sanción al condenado. Así reza el Art. 89° del Código Penal, pese a que el fallo de la Corte de San José de Costa Rica obliga al Estado peruano a «investigar los hechos y  sancionar a los responsables», que ya fueron identificados: Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, los inefables del grupo Colina, entre otros.

Esta sentencia supranacional negó la amnistía, el indulto, la prescripción de la acción penal. Ordenó el 14-03-2001 la sanción que ya ha impuesto el Poder Judicial peruano en última instancia, considerando crímenes de lesa humanidad los de Fujimori; el 7-09-2012, tales conceptos los ha ratificado supervisando el cumplimiento del fallo anterior.

Al congreso peruano y al presidente no les compete decidir contra los jueces internacionales. Sería una  monstruosidad que corrigieran o enervaran los efectos de una sentencia de un caso concreto que es cosa juzgada. Si lo hacen el Estado peruano incurre en una costosa responsabilidad internacional.
En conclusión, indultar a Fujimori es prerrogativa constitucional del presidente Humala, pero sin violar la Constitución, las leyes u otras disposiciones de menor rango; contrariarlas, convierte en ilegítimo el indulto que braman con insolencia sus herederos.

Al existir la ley que prohíbe indultar a un sentenciado por secuestro agravado, como es el caso de Fujimori, el presidente está obligado a cumplir este mandato legal. Verdad de Perogrullo: Una ley la aprueba el Congreso y la promulga el Presidente de la República. Un indulto se concede por decreto supremo, norma de menor jerarquía que una ley.

Además, la justicia nacional e internacional han calificado los crímenes de Fujimori como de lesa humanidad, concepto que es cosa juzgada internacional, que el Perú libre y soberanamente se ha obligado a acatar. ¿No es cierto Dr. Villa Stein?
Si no lo hace puede tener problemas  jurídico-penales muy serios cuando deje de ser presidente y no tenga congresistas adulones y gárrulos. Allá él y su inseparable Nadine, ahora que conocen y desafiarían sus previsibles riesgos.
Lima, 28  de  setiembre  del  2012.
Guillermo Olivera Díaz

 
¿»La Primera» promovería debate sobre indulto a Fujimori?
Solicito al prestigiado diario La Primera que, habiéndose presentado la solicitud de indulto humanitario del condenado Alberto Fujimori Fujimori por crímenes de lesa humanidad que normas jurídicas y fallos judiciales prohíben, promueva un debate entre aquellos que forman coro en favor del ilícito indulto y los que nos oponemos por convicción a esta graciosa, inicua e ilegal gracia presidencial.

Debe estar en esta polémica el jurista Javier Valle Riestra, por integrar lo que La Primera llama con donosura El clan del indulto o también «activistas», además por ser el más recalcitrante, radical y en cierta manera decimonónico.

Javier, cree que puede concederse «de oficio», sin trámite alguno, como decisión política, para lo cual el presidente Humala no tiene impedimento legal alguno, pues el Art. 118°, inciso 21, de la Constitución Política prima sobre cualquier ley prohibitiva del beneficio. Feamente arguye para tal concesión: «Esté enfermo o no, ha sido presidente del Perú, está varios años en la cárcel, tiene una enfermedad y es un hombre anciano».

A nuestro dilecto amigo no le importa que ese anciano, menos enfermo que otros reclusos, como presidente del Perú ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad en agravio de 25 víctimas y por secuestro agravado, que merece la máxima reprobación de la familia de esos 25 agraviados, del país y del mundo entero, precisamente por aquella naturaleza vituperable, y que existen normas jurídicas que proscriben el indulto, así como fallos judiciales de fase interna e internacional igualmente prohibitivos.
Es decir, al jurista Valle Riestra no le interesan la norma jurídica, la sentencia firme inapelable, cuando de la defensa de un interés fujimorista se trata. ¿Será porque fue primer ministro de don Alberto?
Reto a apologistas de ilícito indulto.- Con el mayor agrado desafío a una polémica pública a cada uno de estos propagandistas del indulto sin argumentos legales, que todos ellos medraron del erario nacional cuando Fujimori fue gobernante dispendioso y coimero.
Que comiencen leyendo a La Primera y rebatan todo lo que he escrito al respecto. También los invito cordialmente a leer mis variados opúsculos que me ha publicado la red Voltaire, tan conocida en el ciberespacio.
 Que contesten la gruesa pregunta de si el presidente Humala está facultado a dictar un indulto violando las normas jurídicas nacionales, internacionales y los diversos fallos judiciales que proscriben el indulto en crímenes de lesa humanidad que agraviaron a un montón de compatriotas, sea o no terroristas sin sentencia.
Lima, 10 de octubre del 2012.

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