Minera 500 años de saqueo.

http://www.jornada.unam.mx/2011/11/14/mineria.html

SUPLEMENTO ESPECIAL
DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2011

Entrevista/ Napoleón Gómez Urrutia, dirigente nacional del gremio minero y metalúrgico

Mi delito ha sido defender a los mineros: Napoleón Gómez U.

  • El exilio, por persecución y amenazas del gobierno y empresarios
  • «Los sindicatos son Mi delito ha sido un cáncer para la sociedad y hay que extirparlos», habría dicho Calderón a los empresarios que financiaron su campaña.

Napoleón Gómez Urrutia/Archivo La Jornada
Carlos Fernández-Vega, enviado.Vancouver.
Inculpado penalmente de 11 delitos que «nunca cometí»; acosado por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón; hostilizado por autoridades políticas y laborales, en complicidad con los líderes oficialistas de la CTM y el Congreso del Trabajo; amenazado, junto con su familia, por los barones del sector minero, con Germán Larrea y su Grupo México en primer plano, y permanentemente hostigado por los grandes empresarios del ramo para que renuncie a la dirigencia nacional del sindicato que encabeza, Napoleón Gómez Urrutia anuncia, no sin riesgos, su inminente regreso a México tras cinco años y medio de exilio en esta ciudad canadiense porque, dice, «todas las imputaciones fueron fabricadas y una tras otra se les han desmoronado en los tribunales; mis persecutores ya no tienen de dónde agarrarse; se les ha caído la farsa».
Gómez Urrutia sostiene que los delitos reales, si así pudieran calificarse, no son otros que defender al gremio, «en su bienestar, dignidad e independencia»; denunciar públicamente la corrupción y colusión entre los gobiernos panistas y los grandes empresarios mineros; exigir castigo por el homicidio industrial cometido por Germán Larrea y el Grupo México en la mina Pasta de Conchos, «porque eso es exactamente lo que cometió», y demandar la renuncia del secretario foxista del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, «plenamente entregado a los intereses de Larrea, uno de los hombres más ricos de México a costillas de los bienes nacionales. Esos, y no los delitos que me fabricaron, son los motivos reales que provocaron la furia de esa voraz mafia de autoridades panistas y empresarios de la minería, la cual sentenció: córtenle la cabeza».
Puntual fue la charla con el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, quien recibió a La Jornada en la oficina que solidariamente le proporcionó, en sus propias instalaciones y desde su llegada a Canadá, la United Steelworkers. «Ese fue el inicio público de la persecución, que se prolonga por más de cinco años», explica Gómez Urrutia, «pero hay antecedentes que dejan en claro que todo se gestó cuando menos un año antes; se creó una conspiración para removerme del sindicato, tomar el control de la agrupación e imponer títeres al servicio de la empresa y del gobierno. En 2005 hubo varias reuniones clandestinas en las oficinas de Carlos Abascal Carranza, ya como secretario de Gobernación, y otras en las del titular de Economía, Fernando Canales Clariond, en las que participaron varios empresarios…»
CFV: Comencemos por los empresarios involucrados. ¿De quiénes se trata?
NGU: En primer lugar, de Germán Larrea, dueño del Grupo México, y su director Xavier García de Quevedo; los hermanos Julio, Sergio y Pablo Villarreal Guajardo, del Grupo Villacero; Alberto Bailleres, del Grupo Peñoles, y su director, Jaime Lomelín; Alonso Ancira Elizondo, del Grupo Acerero del Norte, y probablemente Xavier Autrey, su socio. Ellos, principalmente, junto con funcionarios foxistas de Gobernación, Economía y Trabajo, fueron quienes desde 2005 diseñaron la estrategia para atacar a nuestro sindicato, inventar acusaciones, intentar destituirnos e imponer una nueva dirigencia a su servicio.

Manta de protesta de los mineros de Cananea contra Germán Larrea. Fotografía/ Internet
En días previos a la explosión en la mina Pasta de Conchos, narra Gómez Urrutia, sucedieron dos hechos clave. Uno, la renovación de la mesa directiva del Congreso del Trabajo. «Un grupo mayoritario de dirigentes sindicales proponía que yo fuera el siguiente presidente del CT. Víctor Flores, de los ferrocarrileros, había estado ya dos años al frente del organismo, y los estatutos -no sé si los hayan modificado en estos cinco años- definían que hasta allí llegaba. Sin embargo, los líderes de la CTM, el propio Flores, Enrique Aguilar Borrego, de los bancarios, y varios más, se habían reunido con Carlos Abascal, a quien propusieron que no hubiera cambios al frente del Congreso del Trabajo, aun violando los estatutos».
El ambiente se tensó, y «en esta conspiración se acordó (dos días antes de Pasta de Conchos) enviar a un grupo de 300 golpeadores, drogados, fuertemente armados, a tomar las oficinas de nuestro sindicato, y así lo hicieron por un par de horas. Regresaba de una conferencia de prensa, cuando me avisan que no llegara porque el edificio sindical estaba en poder de esos vándalos, quienes robaron, destruyeron y saquearon documentos oficiales, sobre todo los probatorios de que una parte importante de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero se habían distribuido entre los trabajadores -un total de 22 millones de dólares- de Cananea y Nacozari. El objetivo era que no tuviéramos cómo probar el legal y transparente manejo de esos recursos. Pero les salió mal: tenemos copias de todos y cada uno de los cheques entregados a los trabajadores, con actas de recepción firmadas por ellos».
Los porros, narra Gómez Urrutia, llegaron encabezados por Elías El Sope Morales (expulsado en la convención nacional de 2000, con cargos probados de traición, corrupción y espionaje a favor de las empresas, sobre todo las de Larrea y los Villarreal), quien exhibió una «toma de nota» como supuesto nuevo secretario general del sindicato, «que al vapor e ilegalmente le entregó el secretario del Trabajo, Salazar Sáenz, violando la autonomía y la libertad sindicales, los estatutos internos y el convenio 87 sobre la libertad de asociación de la OIT, que México tiene firmado hace más de 60 años. Sólo hasta el 28 de febrero de 2006 anuncian que Morales había sido designado. No era miembro del sindicato, no hubo convención ni se tomó en cuenta a los trabajadores, y el primer requisito para ser electo es, precisamente, formar parte del sindicato. Fue una imposición total la que empresarios y gobierno pretendieron hacer; fallida, desde luego».

Trabajadores mineros, en un mitin de protesta por la campaña de difamación de Televisa contra su líder. Fotografía/Archivo La Jornada
En ese ambiente ocurrió la explosión en Pasta de Conchos. Algunos directivos de Grupo México se trasladaron a la mina (Germán Larrea nunca apareció, tampoco Fox); a Salazar Sáenz lo envió el presidente, y la dirigencia sindical viajó de inmediato al lugar de la tragedia. «Esto interrumpe lo que pensaban hacer, pero deja ver que impondrían a Elías Morales, harían públicas las acusaciones fabricadas y arrestarían a varios de nosotros sin fundamento legal. Esa fue la estrategia torpe, perversa, de funcionarios corruptos coludidos con empresarios corruptores (Calderón, ya como presidente electo, hizo una declaración que nosotros supimos, aunque nunca salió a la luz pública; le dijo a un grupo de empresarios que aportó recursos a su campaña: ´los sindicatos son como un cáncer para la sociedad y hay que extirparlos´).
«De momento todo se centra en la tragedia. Desde allí hago las acusaciones, porque el crimen que cometieron no sólo fue por las terribles condiciones de inseguridad e insalubridad que mantenía Grupo México y que nosotros veníamos denunciando, sino porque la Secretaría del Trabajo no realizó ninguna de las inspecciones que por ley son obligadas, pues Salazar Sáenz estaba coludido con Larrea. Sus empresas particulares eran proveedoras de Grupo México, y su yerno, Pedro Camarillo, era el delegado de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, de tal forma que había una total colusión con la empresa. De allí mi acusación de ‘homicidio industrial’, porque eso es lo que cometieron, y la exigencia de que renunciara el secretario del Trabajo. Entonces se abrió y estalló el conflicto en el que ha habido asesinatos, detenciones, torturas, daños graves contra los trabajadores, acusaciones ilegales, toda una estrategia perversa, utilizando medios de comunicación, jueces, magistrados y hasta ministros de la Suprema Corte, contra nuestro sindicato».
CFV: ¿En qué momento decides salir de México? ¿Qué te lleva a asumir que tu sobrevivencia sólo sería posible fuera del país?
NGU: A partir de mi acusación de homicidio industrial, al tercer día de la tragedia de Pasta de Conchos. De inmediato comenzaron las amenazas, telefonazos y correos electrónicos intimidatorios, mensajes que incluso dejaron en el parabrisas del automóvil de uno de mis hijos, en el que advertían que si no dejaba de acusar a Grupo México me iban a asesinar, y a mis hijos y esposa a descuartizar. Esos son los términos que utilizaban. También recibí comentarios de algunos amigos políticos, en el sentido de que preparaban un ataque frontal para detenerme; lo consulté con mis compañeros, con amigos líderes sindicales internacionales, y todos me recomendaron salir temporalmente. No lo quería hacer. De hecho, me quedé dos semanas más en Pasta de Conchos y en lugares de alrededor, exigiendo continuar con las tareas de rescate, una investigación a fondo para castigar a los responsables, y un trato justo y digno para los familiares de los mineros atrapados, pues consideramos que algunos de ellos aún podían estar con vida».
De inmediato recuerda el histórico rescate en la mina chilena de San José Copiapó y compara: «Chile, en 2010, nos hizo ver que 17 días después del derrumbe se localizaron con vida a los trabajadores y los rescataron 69 días más tarde. Fox, al quinto día de la tragedia en Pasta de Conchos cerró la mina y dejó al Ejército. Los trabajadores sindicalizados intentamos seguir con las labores de rescate, pero lo impidió la tropa. No querían que se conociera la realidad de lo sucedido, ni la negligencia criminal cometida por el gobierno y la empresa. En esas condiciones era muy riesgoso continuar, exponer a la organización sindical, no sólo mi persona y mi familia, sino la de todos mis compañeros, porque iban por todo. Querían acabar y destruir sin miramientos. Cinco años después no hay responsables, pero sí 63 cuerpos abandonados en la mina. Grupo México es considerado por organismos internacionales entre los diez consorcios menos éticos del mundo. No respeta la salud ni la vida de los trabajadores, se guía por la avaricia y la corrupción a través de sus contactos gubernamentales. Grupo México se sintió totalmente protegido por Fox para tomar esta determinación. Lo mismo con Calderón. Ningún empresario, por obsesiva que fuera su actitud, se arriesgaría a pelearse con un sindicato, si no se sintiera totalmente protegido por el gobierno».

Mineros de la mina de Santa María arriban a las instalaciones de Pasta de Conchos para apoyar a las víctimas del derrumbe, 21 de febrero de 2006. Fotografía/ Marco Peláez
CFV: Más de un lustro transcurrió y ni en el gobierno ni en la empresa hay responsables, según la versión oficial. Sin embargo, en todo ese tiempo no han quitado el dedo del renglón para meterte a la cárcel y destituirte de la dirigencia sindical. Acumulas varias victorias legales, pero esa mancuerna sigue. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Simplemente hay que esperar que acabe el sexenio o que tome el poder otra fuerza política?
NGU: La persecución se mantiene, no obstante que desde un principio probamos que todas sus acusaciones eran fabricadas. En marzo de 2006 la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores investigó el fideicomiso de los 55 millones de dólares, y determinó que no había ninguna responsabilidad para mí u otro de los funcionarios sindicales; que el fideicomiso se extinguió correcta y legalmente, y que los recursos estaban dispuestos de manera probada y transparente. El gobierno ocultó el reporte, igual que la Siedo y la PGR. El informe de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para investigar el citado fideicomiso concluyó lo mismo: ninguna acusación tenía sustento. Posteriormente, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, de la que nuestro sindicato forma parte, solicitó a un despacho internacional (con sede en Suiza) que practicara una auditoría. Tardó más de seis meses, para concluir que no se había desviado un sólo peso. El dictamen se entregó a las autoridades, se publicó en todos lados y aun así el gobierno, ya de Calderón, continuó con esas acusaciones. Todo ello da cuenta de que han violado el estado de derecho y pervertido la aplicación de la justicia.
¿Hasta dónde llegarán?, se le pregunta a Gómez Urrutia, y explica: «Ya no tienen mucho para dónde hacerse. De 11 acusaciones falsas que presentaron, diez se cayeron de manera definitiva en tribunales. La número 11 también, ya estaba ganada en amparo, pero violando la Constitución y sin sustento legal la presentaron de nueva cuenta. Es la relativa a delito bancario. Todo, para retrasar mi regreso a México. Pero lo vamos a ganar. Ha sido una agresión tras otra, sin precedente en la historia del sindicato, y probablemente en el movimiento obrero. Están violando el principio constitucional de que nadie puede ser acusado dos veces por lo mismo, y aquí nos han acusado dos y tres veces. Hay un caso muy claro: las cuentas bancarias del sindicato y las de sus dirigen tes están congeladas desde hace más de cinco años; cinco veces hemos logrado destrabarlas, y el mismo día las vuelven a congelar con los pretextos más absurdos. El más reciente de ellos: porque la PGR y la Siedo tenían sospechas -ese es el término que aplican- de que los trabajadores pudieran utilizar estos dineros para comprar droga. Es la obstinación de Larrea, Bailleres, Ancira y, por supuesto, del gobierno de Calderón, donde encontraron un secretario del Trabajo a modo para ellos, Javier Lozano (también Abascal y Salazar Sáenz). Y es obvio: Germán Larrea se expresa de Javier Lozano (lo ha dicho delante de algunos empresarios, yo lo sé de varios de ellos) como que es su gato, y que con su gato puede hacer lo que quiera. Eso no molesta; sí, que Lozano se encargue de demostrarlo. Ha devaluado a la Secretaría del Trabajo, la que ha convertido en una gerencia de relaciones industriales del Grupo México».
Gómez Urrutia engarza los temas. ¿Existe un pacto entre este grupo de empresarios y el señor de Los Pinos? ¿Qué negociaron o intercambiaron para operar con total impunidad?, pregunto.
NGU: La elección misma de Felipe Calderón. Existen serias dudas sobre si realmente ganó las elecciones de 2006, y entre los grandes contribuyentes financieros a su campaña electoral aparecen estos mismos empresarios, entre otros. De hecho, hasta le sobraron recursos. Allí está el caso clarísimo de Zhenli Ye Gon: 205 millones de dólares en efectivo, y dijo el chino que se los habían dado para la campaña de Calderón. Javier Lozano, el gato de Larrea, fue el coordinador de fondos para la campaña de Calderón. Es evidente que esto fue producto de la mafia creada por este grupo de empresarios y el gobierno, de ese financiamiento a la campaña de Calderón y a la imposición que hicieron como presidente de un país que no merece este tipo de gobierno, ni este tipo de funcionarios al servicio de un grupo de empresarios, que es el mismo beneficiado por la privatización de los bienes nacionales.
Dicho grupo, apunta el líder sindical, sabe que no logrará un resultado favorable en tribunales. Por ello han recurrido a otro tipo de estrategia, como detalla el propio Gómez Urrutia: «en estos cinco años he tenido muchas ´visitas´ de empresarios, quienes ofrecieron intervenir para ´resolver ´ el conflicto, pero sobre condiciones inaceptables. Entre otros, vino Jaime Lomelín, director del Grupo Peñoles, de Bailleres; estuvo aquí por lo menos en tres ocasiones; Alonso Ancira, fácil en cinco, y muchos otros en plan de interceder en busca de una ´solución´. Lo que pretendían era mi renuncia y la entrega del sindicato, lo mismo que desde un principio. Alonso Ancira vino en 2006. Me ofreció 10 millones de dólares a cambio de mi renuncia y que ellos nombraran al sucesor en el sindicato. Por supuesto que no acepté, ni siquiera abrí la posibilidad de negociación. Regresó en 2007 y ofreció 20 millones y en 2008, el 23 de junio para ser exacto, retornó para ofrecer 100 millones, q ue -dijo- estaban dispuestos a poner algunos empresarios de la Cámara Minera de México y el gobierno, con tal de que entregara el sindicato. A cambio pedían que yo no regresara a México hasta que terminara Calderón, mi renuncia, y que no hablara mal del gobierno ni de esta conspiración que habían armado. Mi respuesta fue un no tajante».
Los nuevos señores feudales no pagan impuestos
CFV: Además de la impunidad, los gobiernos panistas han garantizado otras cosas. Por ejemplo, con Fox los barones de la minería, nacionales y extranjeros, obtuvieron 25 millones de hectáreas en concesiones mineras. Con Calderón, hasta donde va, 27 millones adicionales. Entre ambos, alrededor de 52 millones de hectáreas, es decir, 26 por ciento del territorio nacional para ellos, a cambio de nada para la nación. ¿Hasta dónde puede llegar esta política y estos políticos?
NGU: Cuando empezó el conflicto, en 2006, Grupo México estaba valuado en menos de 2 mil millones de dólares; cinco años después subió a más de 16 mil millones. En ese lapso Larrea se convirtió en el segundo más rico del país, según Forbes. No pagan impuestos, o lo hacen mínimamente; son los nuevos latifundistas y los nuevos señores feudales del país. Larrea, Bailleres, Ancira, los grandes grupos, se quedan con los recursos de la nación. De hecho, al principio de todo esto existía un conflicto serio entre Larrea y Ancira por el gas metano; se disputaban las concesiones en la región carbonífera de Coahuila. ¡Y ahora son los grandes aliados! El problema se los resolvieron Fox y los diputados: 20 días después de la tragedia, modificaron la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y la ley minera para que esos mismos empresarios se beneficiaran del gas grisú, el mismo que provocó la explosión en Pasta de Conchos, y las primeras concesiones a un particular se las entregaron a Larrea. De la tragedia hicieron negocio: 550 millones de dólares adicionales cada año.
¿Cómo lograron eso en un país de «instituciones al servicio de la nación», según reza la propaganda oficial? «¡Fácil! -responde Gómez Urrutia: recurrieron a sus legisladores incrustados en el Congreso (también meten dinero a sus campañas electorales) y al gobierno que los protege. Pero no sólo el gas grisú, porque Fox entregó más de 400 concesiones mineras a Larrea, cada una de ellas con miles de hectáreas. Muchas de estas concesiones no terminan en desarrollos mineros sino en desarrollos turísticos, habitacionales, de servicios o de cualquier otra actividad, porque si no encuentran fácilmente la disponibilidad de recursos minerales, derivan hacia otra actividad, pero se quedan con las concesiones mineras. Es un acaparamiento brutal de tierra, otro saqueo a la nación y un encubrimiento descarado».
CFV: Otros países, también con inversión privada en el sector minero, además de los impuestos a las utilidades, cobran derechos y regalías a los empresarios mineros que permiten al Estado obtener beneficios de sus propios recursos naturales. En México no; el erario nada obtiene, y menos los mexicanos. Explotan al país en condiciones feudales, con el aval gubernamental. En lo inaudito, el gobierno panista compra a empresas extranjeras (canadienses, fundamentalmente) oro mexicano. Parece que más de cinco siglos después de la llegada de los españoles con su sed de oro, las condiciones de explotación minera prácticamente no se han modificado.
NGU: En la historia minera de México encuentro tres grandes épocas de saqueo y transformación hacia manos particulares. Desde luego la Colonia: 300 años de saquear las minas mexicanas, sobre todo de plata y oro. Después, a partir de la política de mexicanización de la minería (brincamos a los años 70 del siglo XX) se abre un breve paréntesis, cuando empieza el control del Estado en la propiedad de las empresas mineras (minoritaria, mayoritaria o total), y el gobierno retoma el control de los recursos naturales, pero hasta allí. Poco después viene la etapa privatizadora que comienza De la Madrid y profundiza Salinas, cuando todas las empresas de participación estatal del sector de la minería y de la siderurgia se entregan a estos mismos empresarios. Y llega esta tercera etapa, en la que no sólo este grupo de empresarios nacionales se beneficia, sino ahora también el capital extranjero. Una parte importante de la riqueza nacional se la llevaron, y se la siguen llevando, de allí que México compre su propio oro a empresas foráneas.
Pero el gran capital, con la venia del gobierno, no sólo explota los recursos minerales. «En su mayoría, los proyectos mineros funcionan sin trabajadores organizados, sólo con empresas de outsourcing, de tal forma que les han dado toda la flexibilidad para que lleguen y abusen. Esta es otra entrega total de la riqueza nacional, porque no hay visión de Estado, menos en los gobiernos panistas, que han sido un desastre. Están condenando a México al fracaso total. Siendo tan importante la minería para el país, los recursos se desperdician, porque la mayoría está en manos extranjeras y en las de un pequeño grupo de empresarios nacionales. Aquel proyecto industrializador del país fue destrozado por los gobiernos neoliberales. Lo que sucede en la minería evoca el proceso de la banca, que pasó del sector privado al público para reprivatizarla a favor de especuladores mexicanos, y de allí, por decisión gubernamental, a la extranjerización. Y los bancos ya no tienen trabajadores: todo es por outsourcing, es decir, el esquema que quieren imponer en la minería. Esto implica no sólo que los trabajadores carezcan de una organización que los represente y defienda, sino que los expone a un mayor grado de explotación. La Secretaría del Trabajo debería ser la tutelar de los derechos de los trabajadores, pero en realidad tutela los derechos empresariales. En eso la han convertido. Y para ello ponen a personas como Javier Lozano. Es el mismo caso de Fernando Gómez Mont en Gobernación, abogado penalista de Germán Larrea durante por lo menos los seis años anteriores, y de repente se ve la mano y la fuerza de un empresario que logra imponerlo en Bucareli. Es aberrante».
México acumula treinta años sin proyecto nacional
CFV: Se repite la historia: a paso veloz otorgan concesiones al capital extranjero, el cual entra con mucho gusto, dadas las enormes facilidades que el gobierno le brinda, comenzando por las fiscales, algo que en sus países de origen no tienen. Los sectores estratégicos primero entregados al capital privado nacional y más adelante al extranjero, y ambos son depredadores profesionales. Así, ¿qué futuro tiene el país?
NGU: México requiere un cambio profundo en política económica. Espero que en este momento político, de decisiones electorales, partidos y candidatos tengan una visión diferente. Si no hay cambio de estrategia de mediano y largo plazos, México va hacia el fracaso total. De no lograrse el cambio real, el país terminará con graves problemas y desequilibrios sociales. México acumula 30 años dando vueltas en círculo, carente de proyecto nacional. Si desde 30 años atrás México hubiera iniciado una estrategia de largo plazo, estaríamos en una posición muy distinta, y no hay que dejar a un lado que en ese mismo lapso muchos países nos rebasaron dramáticamente. No nos oponemos a la inversión extranjera; sí a que violen la ley y los derechos de los trabajadores. Gómez Urrutia narra algunas de sus experiencias con quienes prometieron «cambiar» al país: «varias veces le dije a Carlos Abascal, como secretario del Trabajo y de Gobernación, y también a Fox y a Marta Sahagún, y lo sigo diciendo, que el esquema conservador de los gobiernos panistas está ligado al fundamentalismo religioso, al odio y desprecio hacia la clase trabajadora, a crear élites y proteger sus intereses en contra de la mayoría. Pero también tienen doble moral. Carlos Abascal, por ejemplo: se podía persignar todos los días, ir a misa y traer la Biblia en la mano izquierda, pero el lunes llegaba a la oficina con el garrote en la mano derecha para golpear a los sindicatos democráticos. Mantienen una visión torpe de la historia, de la evolución del país y de su sociedad. Espero que pronto se den cuenta, porque esta situación se vuelve cada vez más intolerable. Están poniendo en grave riesgo no sólo la paz laboral del país, sino la estabilidad social de México».
Y a los empresarios citados, ¿cómo los definirías?, pregunto. «Te contesto con un ejemplo», dice Gómez Urrutia: «En su última ´visita´, pregunté a Alonso Ancira dos cosas importantes: ¿por qué este gobierno y los empresarios no han querido vernos con respeto?, y me contestó: ´porque México no está preparado para tener líderes sindicales así; llegaste 25 años antes´. Yo le dije: ¿México o ustedes los empresarios mediocres?, porque claro que el país está preparado, aunque no quienes lo dirigen. Y la segunda: ¿por qué Calderón compró este boleto y desaprovechó la oportunidad de conciliar y resolver? Me respondió: ´¿qué esperabas? Está acomplejado, chaparro, con rasgos indígenas, alcohólico, y lo único que hace para sentir que es presidente es dar un manotazo en la mesa y tomar decisiones improvisadas, sin medir consecuencias ´. Nunca Calderón, como tampoco Fox, escuchó la opinión de nuestro sindicato; su única versión es la empresarial, y quien gobierna con una sola opinión, no escucha ni busca el equilibrio, se va a equivocar y va a fracasar. Habrá que ver cuál será el futuro de Calderón y Lozano. Estarán buscando protección e impunidad, nacional e internacional, pero han cometido tan serios y graves errores que deberían desde ahora, si es que no lo han hecho, preocuparse por su futuro».
Falta poco más de un año para que Calderón deje Los Pinos. ¿Cuál es el panorama político-electoral que ve el sindicato para 2012?, se le pregunta al líder sindical. «Confiamos -dice- en que primero habrá un cambio de régimen. El grupo panista no debe continuar porque ha cometido tantos abusos, errores e injusticias que no debe permanecer en el poder. Ha sido un fracaso. Los de Fox y Calderón pasarán a la historia como dos de los peores gobiernos de México. Sería un gravísimo error si los mexicanos permitimos que las cosas no cambien de verdad. Si México continúa como hasta ahora, con el PAN u otro partido que siga un esquema similar, sería un fracaso del que todos nos arrepentiremos, cuando los problemas sociales y políticos revienten».
En cuanto a su futuro inmediato, puntualiza: «Es inminente mi regreso, pero tendré que hacerlo con mucho cuidado. Sería un absurdo que este gobierno y estos empresarios fomentaran o cometieran algo en mi contra. Sería lamentable, porque la reacción no se haría esperar en un momento político muy difícil para el país. Lo que puedo decir es que más de 200 millones de trabajadores en todo el mundo nos apoyan incondicionalmente: los Steelworkers de Estados Unidos y Canadá, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, la Federación Internacional de la Industria Química, Eléctrica y Minera, la AFLCIO, el Congreso del Trabajo de Canadá, la Confederación Sindical Internacional. Ellos saben que la agresión contra un sindicato es contra todos los sindicatos, y que si permiten que un gobierno y un grupo mafioso de empresarios desoigan a una organización sindical en México, terminarán por hacerlo en cualquier otro lugar del mundo»
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SUPLEMENTO ESPECIAL
DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE
LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2011

En diez años de panismo les concesionaron 52 millones de hectáreas

Duplican magnates mineros
el oro extraído en la Colonia

  • El territorio cedido por el blanquiazul equivale al que la dictadura de Porfirio Díaz arrebató a los pueblos originarios para entregarlos a los terratenientes entre 1883 y 1906
Transcurridos cinco siglos de saqueo minero permanente, la otrora Nueva España mantiene su condición de «cuerno de la abundancia», como la describió Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX. Sin embargo, el ilustre geógrafo y explorador alemán no reparó ni previó que tal riqueza nunca sería aprovechada en beneficio de sus propietarios originales ni para desarrollar a la que en breve se convertiría en una nueva nación independiente, México, por estar acaparada, primero, por los conquistadores y su secuela colonial; poco más adelante, ya sin la participación de la Corona española, por un puñado de inversionistas extranjeros, ingleses la mayoría de ellos, que retomaron la depredación; por capitalistas estadunidenses, que hicieron lo propio emulando las prácticas coloniales, aunque con técnicas «modernas», y más tarde por un selecto grupo de empresarios mexicanos y foráneos, a los cuales sólo momentáneamente -un parpadeo histórico- se les impidió, por la intervención del Estado en los años 70, satisfacer su ambición con los bienes nacionales, antes de que el neoliberalismo del siglo XX y XXI de nueva cuenta les sirviera, en charola de oro y plata, la riqueza minera nacional.
A pesar de ello, la tierra mexicana sigue dando esos frutos, prohibidos a sus dueños originales, y refrenda su condición de «cuerno de la abundancia», aunque también de nación permanentemente saqueada con la misma voracidad, concentración de la riqueza y prácticas de explotación de la mano de obra que las padecidas 500 años atrás, aunque ahora en nombre de la «modernidad» y con la venia de gobiernos «democráticos».
Tanto oro y tanta plata, por sólo citar estos metales preciosos, ha dado históricamente este riquísimo territorio, que resultan invaluables, en todos los sentidos, las cerca de mil 700 toneladas del primero y las más de 230 mil toneladas de la segunda que a lo largo de cinco siglos se han extraído de este «cuerno de la abundancia», según documenta la estadística histórica del Inegi.
Tanto ha dado, y sigue dando esta tierra, que sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras -con las canadienses a la cabeza- extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México, de acuerdo con la citada estadística.

El Ronquillo desde la falda de Mesa Sur, donde se observa en primer plano el edificio del Club Cananea. En los altos, las aulas de capacitación y en Segundo plano el hospital del Ronquillo, talleres, oficinas y tiendas. Fotografía tomada del libro Cananea. ca 1906. A principios del siglo pasado, la comisaría El Ronquillo de Cananea se convirtió en centro comercial. Surgieron grandes edificios comerciales como el Banco de Cananea, la farmacia Americana y el mercado. (con información de la página web SonoraMágica.com)
En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de Conchos, Coahuila.
Sorprende la inagotable riqueza de esta tierra, pero no el resultado de los empresarios mineros, porque ese grupo de voraces capitalistas que se beneficia con los bienes nacionales alcanzó tales volúmenes de producción y utilidades no sólo por el uso de modernas técnicas de extracción sino, especialmente, por el vastísimo territorio que los gobiernos panistas les entregaron, y lo siguen haciendo, en forma de miles de concesiones mineras (50 años de vigencia, renovables), las cuales, en dicho periodo, amparan alrededor de 52 millones de hectáreas, equivalentes a 26 por ciento del territorio nacional (según información de la Dirección General de Minas, citada en el libro El mineral o la vida, la legislación minera en México, de Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, editado el pasado abril por la UAM).
Esa vastísima riqueza concedida a los consorcios mineros privados no acaba allí, pues se adereza con generosas exenciones fiscales, autoridades serviciales, leyes laxas e incumplidas, complicidad del poder político y judicial, daño ecológico, persecución sindical, outsourcing, inseguridad e insalubridad para los trabajadores, y miserable explotación de la mano de obra, entre otras gracias, como en los mejores tiempos de la Colonia.

Fresnillo, Zacatecas. Fotografía/Pedro Valtierra
Así, las cerca 52 millones de hectáreas de territorio nacional que, en una sola década, entregaron los gobiernos de Fox y Calderón al gran capital minero que opera en el país, son equiparables a las 50 millones de hectáreas que las compañías deslindadoras arrebataron a los pueblos originarios para entregárselas a los terratenientes nacionales y extranjeros entre 1883 y 1906, durante la dictadura de Porfirio Díaz.
De ese tamaño es la riqueza minera, y de ese tamaño, también, el saqueo de la nación. Presume la patronal Cámara Minera de México que «a lo largo de nuestra historia, las producciones de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita dolomita, caolín, fosforita y sulfato de sodio nunca habían sido tan sobresalientes como en 2010». Todo ello sin beneficio para la nación, salvo -si en el extremo del cinismo se puede calificar así- el «pago de derechos» que las beneficiarias de las concesiones cubren: de 5 a 111 pesos por hectárea. Tras cinco siglos de saqueo permanente, México se mantiene como el «cuerno de la abundancia» que asombró a Humboldt, al igual que su riqueza concentrada en unas cuantas manos.
(CFV, con información de Juan Antonio Zúñiga y Susana González)
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El sector, en manos de canadienses y unos pocos potentados mexicanos

Acaparada, la riqueza minera

Roberto González Amador
La riqueza generada por la explotación de los recursos minerales se disparó en los últimos años. Los dividendos generados por la minería en México superaron la aportación del turismo -la tercera fuente de divisas- a la economía, según datos oficiales. Se trata de ganancias extraídas, literalmente, a favor de un puñado de compañías extranjeras, en particular de Canadá, y algunas nacionales, relacionadas con grupos empresariales de fuerte influencia política, financiera y económica en el país.
En tiempos de incertidumbre financiera, las inversiones buscan el refugio seguro de las materias primas, entre las cuales los minerales son de los más socorridos. Ha sido así en los últimos años. Las previsiones de organismos privados apuntan a que los precios de los metales seguirán en aumento, incluso si ocurre una desaceleración de la actividad económica mundial, como anticipó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su pasada reunión anual.
México es el principal productor de plata en el mundo; ocupa el onceavo lugar en oro, y el décimo segundo en cobre, según datos de la Cámara Minera de México. Es el segundo productor mundial de fluorita, mineral empleado en la industria siderúrgica; el quinto de plomo y el tercero de bismuto, que se utiliza en la industria cosmética.
El territorio mexicano alberga una riqueza que coloca al país entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes. A los más conocidos como el oro, plata o cobre se añaden fierro, sal, yeso, azufre, fosforita, grafito, entre otros, de acuerdo con la Camimex, organismo que representa los intereses de los empresarios del sector.
En 2010, el valor de la producción minero-metalúrgica del país alcanzó un monto histórico, de 15 mil 474 millones de dólares (51 por ciento más que en 2009) entre los grupos asociados a la Camimex.

Cuadrilla de mineros de la empresa General de Hulla esperan turno para revisión médica antes de ingresar a la mina Pasta de Conchos, donde se realizan trabajos de rehabilitación para rescatar los cuerpos de los mineros, el 17 de de marzo de 2006. Fotografía/ María Meléndrez Parada
Es una cifra que, reconoció el organismo empresarial, superó los ingresos anuales del sector turismo, que en 2010 ascendieron a 11 mil 875 millones de dólares. En total, las divisas generadas por la industria sumaron 15 mil 474 millones de dólares, 51 por ciento más que en 2009.
Detrás del aumento en la rentabilidad de la industria minera asentada en el país está el incremento en el precio de las materias primas en todo el mundo y un trato fiscal ventajoso.
A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, donde las empresas entregan al fisco una regalía proporcional a la ganancia obtenida, en México sólo pagan un «derecho» de explotación. Su monto es simbólico, respecto del valor del mineral producido. Las compañías que explotan el oro mexicano, por ejemplo, cubren un derecho que va de 5 a 111 pesos por hectárea concesionada.
El incremento en la rentabilidad de la minería en México, como ocurre en todo el mundo, está relacionada con un mayor consumo en las principales economías en desarrollo, sobre todo China e India. También con la recurrente inestabilidad financiera.
«El fuerte impulso en el valor de la producción minera está directamente relacionado con los buenos precios internacionales, que permitieron en 2010 la apertura de ocho unidades mineras», de acuerdo con el Informe anual 2011 de la Camimex.
Es el caso del oro. El metal, que este año se volvió objeto de deseo de inversionistas y bancos centrales como inversión de reserva, llegó en septiembre de 2011 a mil 670 dólares por onza, 70 por ciento más que en 2009. En una perspectiva más amplia, el precio se ha incrementado hasta en siete veces. En 2000 una onza de oro se cotizaba en 280 dólares.
En el último año la producción de oro generó para las empresas asentadas en México 36 mil 700 millones de pesos, según la Camimex. GoldCorp, compañía canadiense con sede en Vancouver, es la mayor productora de oro, seguida por Frisco, del empresario Carlos Slim.
Pequeño gran grupo
El control de la minería en México está en manos de empresas canadienses y de tres consorcios mexicanos, cuyos intereses se extienden al sector financiero y de las telecomunicaciones. La creciente presencia de firmas extranjeras en el país se ha consolidado en la década de gobiernos panistas, aun cuando en el pasado hubo intentos por «mexicanizar» una industria que, desde la época colonial, ha sido expulsora de la riqueza del país.
«Hasta 1961, fecha en la que se expide la Ley de Mexicanización de la minería, el destino del sector estuvo signado por el férreo control ejercido por el capital foráneo sobre los mayores y más ricos yacimientos minerales del país. A partir de entonces, el derrotero de la minería experimentó un drástico viraje. Entre otras cosas, las riendas del sector se desplazaron del dominio externo para situarse -en relativamente corto tiempo- en manos del Estado y capital mexicanos», escriben los investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Raúl Delgado Wiser y Rubén del Pozo Mendoza, en el estudio Minería, Estado y gran capital en México.
«Por encima del espíritu nacionalista que motivó la promulgación de esa ley, muy pronto se hizo evidente que el verdadero telón de fondo de la política estatal era fortalecer y potenciar al gran capital minero ‘mexicanizado’, hasta convertirlo en una de las fracciones más exitosas y con mayor proyección internacional del capital monopolista del país», agregan los investigadores. Ya en los años 80 del siglo pasado, mientras el país era sometido a la apertura y liberalización de la economía, la ley minera de 1961, de acuerdo con los investigadores, creó condiciones de «excepción» para proteger a los grupos mexicanos que dominaban la industria (Peñoles, de Alberto Bailleres; Grupo México, de Germán Larrea, y Frisco, de Carlos Slim), «permitiéndoles aprovechar a su favor diversas medidas de corte neoliberal para acelerar no sólo su proceso de concentración y centralización de capital, sino también posicionarse estratégicamente y establecer un control monopólico sobre los mayores y más ricos depósitos minerales del país».
Hubo dos momentos en los que se consolidó el interés empresarial en el sector minero mexicano. El primero, entre 1982 y 1988, cuando desde el Estado se definieron estímulos y exenciones tributarias, algunas vigentes, que fortalecieron la concentración del capital en la minería. Entre ellos figuraba la eliminación del impuesto a la exportación.
El segundo momento de consolidación de los intereses empresariales en la industria minera mexicana tuvo lugar entre 1988 y 1996, con el comienzo del proceso de privatización de reservas, unidades y plantas mineras del sector paraestatal.
Existía entonces una Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, que fue perdiendo presencia hasta derivar en lo que actualmente es la Secretaría de Energía. En esos años se crearon también condiciones para transferir concesiones de la pequeña a la gran minería, recuerdan los investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces empezó un proceso de modificación de la Ley Minera, que comenzó en 1990 y terminó en 1996 con la derogación del requisito de «mexicanización».
En 1988 se dio el banderazo de salida al proceso de privatización, con la «desincorporación» sucesiva de alrededor de 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales. En los ocho años siguientes se puso a disposición de empresarios mineros nacionales 98 por ciento de las reservas federales de zonas mineras, apuntan los especialistas.
La puerta a la inversión foránea se abrió en 1996, con modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera. Pero ya entonces, añaden los expertos, las áreas con mayor potencial minero se encontraban en poder de las grandes empresas mexicanas.
«De hecho, la ubicación geográfica de la superficie concesionada a los tres principales consorcios mineros del país, sugiere el armonioso nuevo reparto entre ellos de las zonas geológicamente más ricas», apuntan.
Los expertos documentan un caso: la privatización de Minera de Cananea a favor de grupo Industrial Minera México, hoy Grupo Minero México, de Germán Larrea Mota Velasco. El ganador de la licitación ofreció 475 millones de dólares, la mitad del monto ofrecido por otro competidor, la regiomontana Protexa, del empresario Humberto Lobo Morales. Antes de la venta, Nacional Financiera había tasado la mina en 2 mil millones de dólares.
«Un indicio que puede contribuir a comprender esta actitud de extrema generosidad se encuentra probablemente en la composición y características del grupo Industrial Minera México. Catalogado como el consorcio más destacado de los ‘cuatro grandes’ que controlan 70 por ciento de la producción minera nacional, en su consejo de administración figuran hombres muy cercanos a la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), incluso como asesores o consejeros. Entre ellos sobresalen: Jorge Larrea, Miguel Alemán, Rómulo O’Farril, Juan Sánchez Navarro, Prudencio López y Claudio X. González», citan los especialistas.
El mismo círculo
La red de relaciones político-empresariales en torno a la industria minera asentada en México cruza por varios de los grupos de representación privada que más presión política han ejercido en los últimos años, señaladamente el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
En el consejo de administración del Grupo México, que preside Germán Larrea Mota Velasco, figuran, entre otros: Juan Gallardo Thurlow, presidente de Pepsi en México, del Grupo Azucarero México y negociador empresarial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Está también Antonio Madero Bracho, presidente de San Luis Corporación (industria automotriz) y miembro del CMHN. También figura Claudio X. González, ex presidente del CCE, parte del consejo de administración de Televisa y ex asesor del ex presidente Carlos Salinas, entre otros.
Las ramificaciones entre grupos empresariales se aprecian también en el caso de Industrial Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, también dueño de El Palacio de Hierro, accionista principal de la aseguradora GNP y Médica Móvil, y patrono del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), alma mater de prominentes miembros del grupo gobernante.
Alberto Bailleres es uno de los tres hombres más ricos de México, según Forbes, y forma parte del consejo de administración de Televisa, donde también comparte mesa con Larrea Mota Velasco, de Grupo México. La otra empresa relevante de capital mexicano en la industria minera nacional es Frisco, del magnate Carlos Slim.
Los tres empresarios con mayor presencia en la minería mexicana son, al mismo tiempo, los tres hombres más ricos del país: Carlos Slim Helú, de Frisco; Germán Larrea, del Grupo México, y Alberto Bailleres, de Industrias Peñoles.

Los barones sólo pagan por las concesiones de 5 a 111 pesos por hectárea

Privilegios fiscales según influencia política

  • En otros países las mismas empresas deben pagar un impuesto determinado con base en el valor de venta del producto
Roberto González Amador
La industria minera que opera en México, controlada por unas cuantas compañías extranjeras y grupos locales de fuerte influencia político-económica, está sujeta a un régimen fiscal de privilegio, si se compara con otras naciones latinoamericanas.
En México, las compañías mineras obtienen concesiones por las que pagan desde 5 pesos por hectárea explotada, una norma fiscal que difiere del gravamen al que algunas de las mismas empresas que operan aquí están sujetas en otros países de la región.
Un caso es el del Grupo México (GMexico), propiedad del empresario Germán Larrea Mota-Velasco, que además de sus explotaciones en territorio nacional tiene intereses en la industria minera de Chile y Perú.
Southern Copper Corporation (SCC) es una de las dos compañías mineras propiedad del Grupo México. Opera en México y Perú, además de contar con exploraciones de campo en Chile, según informa el consorcio en su página electrónica. En 2009, SCC contribuyó con 77 por ciento de las ventas del GMéxico, entidad que controla 80 por ciento de SCC a través de su subsidiaria Americas Mining Coporation.

Torre para cables de transmisión eléctrica, desde la cual se distribuía energía a los talleres en las minas, CA 1904, fotografía tomada del libro Cananea
El régimen fiscal que prevalece en México señala que el GMéxico debería pagar 5 pesos por hectárea concesionada durante los dos primeros años de explotación del permiso. La cantidad aumenta progresivamente, hasta llegar a un máximo de 111.27 pesos por hectárea, define el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos.
En Perú, donde también opera el Grupo México, el Estado no cobra un »derecho» por uso de concesión. En ese país la empresa minera está obligada a pagar un impuesto que se determina con base en el valor de venta del producto, en este caso cobre, con lo que el Estado recauda más que si sólo cobrara una concesión, según abogados fiscalistas expertos en el sector minero, consultados por este diario.
El caso es ilustrativo de un régimen fiscal, como el que prevalece en México, que tiene distintos privilegios para diferentes sectores de actividad económica -para el transporte, la agroindustria, los procesadores de alimentos, la banca, la minería, la radio y televisión-, que generalmente van en proporción de la influencia política de los empresarios que dominan esos renglones de actividad.
Las cargas fiscales son aplicables para todas las ramas de la minería que opera en el país. Las leyes fiscales en las que se establecen los impuestos y derechos a que están sujetos los contribuyentes que se dediquen a la actividad minera son: del impuesto sobre la renta, federal de derechos, del impuesto empresarial a tasa única y la ley del impuesto al valor agregado.
Sin embargo, no todas las actividades mineras se encuentran sujetas a los mismos gravámenes. Mientras la explotación de sales o subproductos que se obtengan de salinas pagan el derecho por tonelada vendida (artículo 211-A de la Ley Federal de Derechos), la explotación de otros minerales se encuentra sujeta al pago de los derechos determinados por hectárea o fracción concesionada (artículo 263 de la citada ley).
El régimen fiscal actual ofrece pocas »ventajas» a los contribuyentes que se dedican a estas actividades, comparado con actividades como pudieran ser la construcción y el desarrollo inmobiliario, de acuerdo con los expertos fiscalistas consultados. Mencionan, sin embargo, que un ejemplo de las »ventajas» que sí existen está enunciado en el artículo 220, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ese ordenamiento prevé un estímulo fiscal consistente en la deducción inmediata de las inversiones que realice el empresario minero, hasta por 77 por ciento del valor del capital invertido.
El régimen fiscal vigente en México se aplica por igual para empresas de capital mexicano o extranjero. La única diferencia entre unas y otras tiene que ver con los tratados internacionales suscritos por el gobierno para evitar la doble tributación (que paguen el mismo impuesto, por ejemplo a la renta, aquí y en su país de origen).
Las empresas mineras que operan en el país, sin importar el origen de su capital, pagan un »derecho» por la explotación de la concesión. El artículo 263 de la Ley Federal de Derechos menciona que este derecho se determina con base en las hectáreas o fracciones concesionadas y/o asignadas a las compañías que se dediquen a la minería. La única excepción es para aquellas firmas que únicamente exploten sales, pues en este caso el derecho se causa y se paga respecto de las toneladas producidas.
Como define el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, »los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán semestralmente por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería», cuyas cuotas oscilan entre 5 y 111 pesos.
En algunos de los países de Latinoamérica como Venezuela y Perú, los derechos se causan por las ventas de los productos, mientras en México el derecho se genera por hectárea concesionada, de acuerdo con los especialistas. Ello implica un beneficio económico para las empresas que realizan estas actividades en territorio nacional, ya que en los casos en que los derechos se calculan sobre la »venta» del producto, la base para su determinación es superior al valor de la hectárea en México, indican.
El régimen fiscal contribuye a elevar las ganancias, más allá de las generadas por la explotación y venta del recurso, por el sólo hecho de que los derechos que se pagan por la explotación de concesiones mineras son en la mayoría de los casos inferiores a los que establecen regímenes de otros países incluso latinoamericanos, añaden.

También están en riesgo de ser dinamitados templos, escuela y otros edificios

Minera San Xavier, catástrofe para SLP

  • De julio de 2005 a marzo de 2010 la firma detonó cada día una carga de 25 toneladas de explosivos

Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Fotografía/ La Jornada
Jaime Avilés,
enviado. Cerro de San Pedro, SLP
Uno de los casos más emblemáticos de la corrupción que generan las empresas mineras para obtener impunidad es el del cerro de San Pedro, que de julio de 2005 a marzo de 2010 fue reducido a polvo por la canadiense New Gold Inc, a través de su filial, Minera San Xavier, la cual nunca ha tenido permisos legales para explotar ese yacimiento de oro y plata, a sólo 8 kilómetros de la capital del estado.
La historia de este lugar está ligada a la de México. En 1594 terminó aquí la Guerra Chichimeca, que llevaba más de 50 años en el desierto. En lo espiritual el cerro quedó a cargo de san Pedro, porque tres de sus nuevos dueños se llamaban Pedro, mientras en lo administrativo se sometió a la villa de San Luis Minas del Potosí, hoy convertida en una ciudad de un millón 600 mil habitantes.
El nombre -San Luis Minas del Potosí- anudó el aura milagrosa de san Luis Rey con la vocación mineral del desierto y el mito del Potosí (palabra que Cervantes puso de moda como sinónimo de inmensa riqueza). No por nada, en el escudo de armas de la entidad aparece el rey Luis IX de Francia, de pie sobre el cerro de San Pedro, entre un lingote de oro y otro de plata.
Pese a lo anterior, gracias a Minera San Xavier y a todos los poderosos que cortejó y sedujo, el cerro de San Pedro ya no existe, pero ahora también están en riesgo de ser dinamitados sus templos, su escuela, su barbería, su panadería y otros edificios de gran valor arquitectónico que pertenecen al patrimonio cultural del país.
Mario Martínez Ramos, ingeniero geólogo e hidrólogo, sabio conocedor del tema, nació en este pueblo cuando la mina era explotada a través de un pozo vertical, de 500 metros de profundidad, por el que los trabajadores subían y bajaban en «calesas» -elevadores de madera jalados con cuerdas- y el agua acumulada en el fondo era expulsaba por bombeo.
Entonces, recuerda, «cada tonelada de roca daba siete gramos de oro». La mina cerró en 1949, porque tras la Segunda Guerra Mundial «había pedazos de metal regados por toda Europa y eso abatió la demanda». La fiebre del oro, sin embargo, reapareció al final del sexenio de Ernesto Zedillo.
El 26 de febrero de 1999, Julia Carabias, entonces secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), otorgó a Minera San Xavier una «autorización de impacto ambiental», con lo cual violó un decreto federal del 6 de enero de 1972, que declara al cerro de San Pedro «zona de monumentos» coloniales, así como un decreto estatal del 24 de septiembre de 1993, que lo define como «zona de preservación de vida silvestre» y prohíbe toda actividad industrial.

Mineros en Huelga en Pachuca, Hidalgo, 1985. fotografías/ Pedro Valtierra/ Archivo La Jornada
No obstante, Zedillo autorizó a Minera San Xavier demoler el cerro y extraer oro y plata por el sistema de lixiviación, que consiste en lo siguiente: una vez triturada, la roca es depositada en largas tinas metálicas al aire libre y bañada con toneladas de cianuro y millones de litros de agua. La reacción química forma una «solución preñada» y ésta escurre hacia las cazuelas que recogen las partículas de los metales preciosos. Los desechos tóxicos son arrojados al suelo y por filtración llegan a los mantos del subsuelo que abastecen de agua a los habitantes de San Luis Potosí.
Para invalidar esa autorización, don Mario, decenas de activistas del pueblo así como ambientalistas de San Luis y de otras regiones del país y del mundo, fundaron el Frente Amplio Opositor (FAO). Se argumentó que Semarnap violó los decretos que protegen la flora, fauna y los monumentos coloniales pero, además, ignoró que el cerro de San Pedro está a 2 mil 50 metros de altura sobre el nivel del mar y por ello 250 metros más arriba de San Luis Potosí, por lo que, de modo inevitable, «los escurrimientos de agua superficiales y subterráneos» se dirigirán a la capital del estado, y «los vientos dominantes (que) viajan de oriente a poniente» llevarán hacia allá los vapores tóxicos que exhala el cianuro. Por lo tanto, concluyeron, ambos factores perjudicarán «gravemente la salud de más de un millón y medio de personas».
La batalla se prolongó hasta el primero de septiembre de 2004, cuando el Tribunal Superior falló a favor del FAO. De inmediato, el gobierno de Vicente Fox apeló, pero el tribunal ratificó su sentencia el 5 de octubre de 2005. Una nueva contrademanda reabrió el proceso pero la resolución de los magistrados fue reconfirmada el 21 de septiembre de 2009. Con lealtad digna de mejor causa, el gobierno federal volvió a la carga y, por cuarta ocasión, el Tribunal Superior le dio la espalda en noviembre de 2010, sólo que en esta ocasión Semarnat no informó a los quejosos, es decir, al FAO, que habían derrotado a otra vez a Minera San Xavier.
«Nosotros nos enteramos de chiripa por Internet en abril de 2011», cuenta el ingeniero Martínez Ramos, quien gracias a la experiencia que ha acumulado como defensor de su pueblo natal hoy coordina la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en la zona norte del país, y asesora a los distintos movimientos de resistencia ciudadana que se ven amenazados por las compañías extractivas.
«Hemos ganado todas las instancias legales, pero la alianza entre la minera y el gobierno es mucho más poderosa que la ley». Lo dice porque le consta. Recuerda que en 2004 Fox llegó a Cerro de San Pedro y se llevó al presidente municipal a Los Pinos para obligarlo a darle a Minera San Xavier un permiso especial. Así, de julio de 2005 a marzo de 2010, la firma detonó cada día una carga de 25 toneladas de explosivos para volar 80 mil toneladas de roca, de las cuales 32 mil toneladas pasaron a las tinas de lixiviación donde cada tonelada produjo… medio gramo de oro.
Parece una cantidad risible. No lo es: de cada 32 mil toneladas, Minera San Xavier obtuvo 15 kilos de oro al día, lo que a precios de 2010 le dio una ganancia anual estimada en 218 millones de dólares. El cerro de San Pedro fue borrado del mapa en cinco años, a cambio de mil millones de dólares, pero la destrucción avanza y ahora pretende derribar las iglesias y todas las demás edificaciones del pueblo, porque el precio actual del oro ronda los mil 900 dólares por onza.
Para el ingeniero Martínez Ramos, «ese dinero le basta y sobra a Minera San Xavier para comprar la simpatía de todas las autoridades».
Este reportero comprobó que a pesar de los datos, aún no documentados, según los cuales la contaminación del suelo, del agua y del aire ha incrementado las muertes por enfermedades de tipo degenerativo, la empresa es custodiada por el Ejército, al que le construyó un cuartel a la medida; además, cuenta con la bendición de don José Morales Reyes, arzobispo de San Luis Potosí; el aval técnico y científico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la protección de todas las instancias de gobierno a escala municipal, estatal y federal.
Tantos poderes, tantas influencias, acabaron por engendrar un monstruo jurídico, pues luego de ocultar el fallo adverso a Minera San Xavier que el Tribunal Superior emitió el pasa- d o 10 de noviembre, el gobierno estatal publicó el 26 de marzo de 2011 un decreto para anunciar que Cerro de San Pedro cambió su uso de suelo -ya no es de «preservación de vida silvestre» sino de «explotación minera»- y el de cuatro municipios que la rodean, incluyendo la ciudad de San Luis Potosí, que de tal suerte en un descuido también podría ser destruida con cargas de explosivos, para que los canadienses extraigan el oro que recubre los altares de sus iglesias…
En consecuencia, el pasado 11 de agosto Semarnat le otorgó una nueva autorización de impacto ambiental.
Es, resumen don Mario, la misma táctica que usan hace más de 15 años: «se cobijan en documentos ilegales, que mientras son echados abajo por los jueces les permiten ganar tiempo para seguir trabajando. Lo que todos los mexicanos debemos preguntarnos es: ¿dónde está la riqueza que han obtenido las mineras en México? Aquí ni siquiera pagan impuestos»

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