Javier Diez Canseco…traidor de los discapacitados…

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Date: Sun, 12 Aug 2012 15:08:37 +0100
Subject: [DISCAPACIDAD_EN_ACCION] La nueva Ley de Discapacidad, promotora de Derechos o de Exclusiones

 
Estimados amigos :
 
Creemos que por primera vez asistimos a un momento de gran expectativa para las Personas con discapacidad; donde a no dudar todos esperan se llegue a promulgar una nueva ley general inclusiva y participativa, que verdaderamente se convierta en el nuevo marco legal que coadyuve a la atención de las grandes necesidades y derechos de todos los sectores que forman parte de los más de 4 millones de personas  constituyendo el segundo grupo más vulnerable del Perú.
 
Pero resulta que en la presente coyuntura existen 2 posiciones que difieren totalmente en la caracterización de la autógrafa que ha sido devuelta por el Gobierno. La primera está constituida por quienes fueron los promotores de la Iniciativa Ciudadana encabezados por sociedad y Discapacidad (SODIS)  ONG del congresista Javier Diez Canseco, quienes  con sus integrantes vienen trabajando activamente por la insistencia, para que la Autógrafa  de la ley de discapacidad sea promulgada por el Congreso de la República. Sin considerar las observaciones realizadas por el poder Ejecutivo y menos esperar el proyecto alternativo que el gobierno ha prometido enviar a la brevedad posible. Para ello, sustentan su posición, irrogándose la representación de la población con Discapacidad del País, tal como lo hizo  el Congresista Diezcanseco en el último Plenario del día jueves 9 de agosto del presente año.
 
¿Pero es acaso que Sociedad y Discapacidad representa o es el vocero de la población con Discapacidad del Perú?
 
Al mismo tiempo se viene presentando también conjuntamente con la señora Liliana Peña Herrera presidenta de Sociedad peruana de Síndrome de Down, en los diversos medios de comunicación para realizar declaraciones al respecto en nombre no precisamente de la colectividad que representa, si no en nombre de toda la población con Discapacidad.
 
sostiene que la primera Observación cuestiona el eje principal de la Convención, constituido por el reconocimiento de la Capacidad Jurídica de la persona con Discapacidad, derecho que desde luego es muy importante, pero que en el supuesto negado que así fuese, solamente afectaría  al sector de Personas con Discapacidad Intelectual, más no al resto de la población. Puesto que cada Persona con Discapacidad al momento de recibir su Documento Nacional de Identidad, queda habilitado para ejercer plenamente su Derecho de ciudadanía. En consecuencia así como el reconocimiento de la Capacidad Jurídica es muy importante para las Personas con Discapacidad Intelectual, también es importante por ejemplo el Derecho a la educación para el sector de discapacidad Visual, que sí se encuentra conculcado   en la Autógrafa. Pero en todo caso, la solución al supuesto negado  de pretender desconocer la capacidad Jurídica del sector de las Personas con Discapacidad Intelectual, se encontraría en la reforma del código civil en lo que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la segunda disposición complementaria de la propia autógrafa.
 
Empero, el eje principal de la autógrafa no se encuentra en relación al reconocimiento de la capacidad Jurídica, sino en su carácter discriminatorio y excluyente que al entrar en vigencia sin cambiarle una coma, vulnera seriamente importantes Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Si bien es cierto  fueron los miembros del SODIS promotores de la Iniciativa ciudadana, que dio origen al inicio de este proceso, contando para ello con las firmas de 120 mil ciudadanos no precisamente con Discapacidad; Esto no quiere decir que todos ellos, estuviesen de acuerdo con las propuestas de su contenido. Ya que las firmas eran conseguidas sin que los ciudadanos conocieran el texto del proyecto, haciéndolo solamente por un acto solidario y nada más. Por consiguiente, no se puede decir que más de 120 mil ciudadanos con Discapacidad respaldan la autógrafa y que al mismo tiempo el Congreso tiene que hacer respetar sus fueros frente al Poder Ejecutivo y que por lo mismo el anuncio del Gobierno para enviar su proyecto alternativo constituye una afrenta para la majestad del Congreso de la república, tal como lo sostiene el congresista Javier Diezcanseco ayer con el Gobierno y ahora en la oposición.
 
 Decimos esto debido a que por encima de considerar que la autógrafa observada por el ejecutivo desconoce que dicha norma ha sido aprobada por 106 votos, está el hecho de que el congreso tiene la obligación de producir leyes en beneficio del Pueblo. Por consiguiente, si existe la oportunidad de mejorar la ley de Discapacidad, se tiene que hacer porque al final el gran ganador será el pueblo con Discapacidad del país.  
 
De otro lado se encuentra la posición de 27 organizaciones de personas con Discapacidad que sostienen, que la nueva ley, adolece de graves y serios vacíos y exclusiones que son necesarios subsanar, pues afectan gravemente los Derechos  fundamentales de las PCD. Por consiguiente, la razón nos dice que no podemos considerar a esta autógrafa excluyente y discriminativa como nuestra Ley, debido a la naturaleza de su contenido tal como lo vamos a demostrar.
 
Así tenemos por ejemplo:
 
1.-  en la definición de persona con discapacidad se excluye a las personas que tienen deficiencias por causa del trastorno del Desarrollo, al grupo que sufre de dolencias o patologías severas que constituye   según la OMS más del 60% de la población con Discapacidad. Por lo tanto, de mantenerse la definición aprobada en el Dictamen final, la nueva ley se constituye en una norma excluyente y discriminativa que impedirá obtener estadísticas sinceradas  para saber cual es la verdadera población con Discapacidad del País.
2.-  en cuanto al tratamiento de las familias de las PCD se les otorga  como beneficio, la obligación del Estado a facilitarles el acceso a los programas de asistencia Social, sin considerar ninguna medida que por el contrario promueva su desarrollo económico y el acceso a nuevas fuentes de trabajo. Sin embargo, a pesar que fueron los representantes de Sociedad y Discapacidad los responsables de la aprobación de dicha medida en el artículo 5 de la autógrafa, se presentan en los medios de radio y televisión para denunciar que el Gobierno quiere convertir la ley en un modelo de asistencialismo, sin embargo incluyen en ese modelo a las familias de las Personas con Discapacidad.
3.-  en la formulación del dictamen hecho por el Asesor principal de la comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y al mismo tiempo representante de Sociedad y Discapacidad el Dr. Alberto Vásquez, no quiso considerar la preferencia de las PCD para ocupar los cargos públicos de confianza relativos a la temática de la Discapacidad que proponía el proyecto 812. A pesar de que dicha norma de afirmación positiva se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 29 de la propia convención. Por lo que podemos concluir que los representantes del SODIS hablan en nombre de la Convención solamente en los temas que responden a sus intereses, debido a que si se incorporara en la ley el reconocimiento de este derecho, al entrar en vigencia la nueva Ley afectaría directamente a los miembros del SODIS que verían en riesgo el acceso para ocupar estos cargos de confianza.
4.- en lo que corresponde al Derecho de las PCD para participar como candidatos en los procesos electorales, el artículo 29 de la convención obliga al estado para implementar medidas que garanticen este derecho para las PCD. En el proyecto 812 se proponía el establecimiento de las cuotas electorales, propuesta que fue rechazada de inmediato por el congresista Javier Diezcanseco señalando que la propuesta era inaplicable. Sin embargo, cuando se encontraba en lima los representantes de una ONG internacional de derechos humanos con la finalidad de recoger información precisamente sobre la situación de las PCD en lo que toca a su derecho a la participación política, el propio Congresista los presentó en la comisión de Inclusión Social, poniéndose como uno de los abanderados de la defensa del derecho a la participación política de las PCD, cuando unos días antes había sido el primero en cuestionar este derecho.
5.- Tampoco se quiso considerar el Derecho   de las PCD al acceso gratuito a la atención de la salud para las PCD, sobre todo para quienes viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema mediante un régimen subsidiado por el estado, siendo superado en parte este problema al incluir en el plenario la obligación del estado para atender enfermedades de alto costo. Se tiene que tener presente que el acceso a la Salud, en la actualidad ese un gravísimo problema que enfrentan las PCD sobre todo aquellas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema; pues son excluidas como resultado de que el programa social «asistencialista» denominado Seguro Integral de salud, que rechazan algunos, define a sus beneficiarios en base de los factores de la focalización de hogares y pobreza, mas no se toma en cuenta el factor de Discapacidad.
6.-  tampoco se quiso considerar la implementación de la Educación especial en todos sus niveles, excluyendo en la práctica sobre todo a los niños con discapacidad visual y de audición y lenguaje de su derecho a la educación «sin discriminación». los defensores de ese modelo no llegan a comprender que su implementación, por la naturaleza de su concepción se viene en la práctica convirtiendo en un modelo excluyente y discriminativo; donde no se quiere considerar  los factores de la pobreza y la carencia de presupuestos que hace inaplicable su ejecución.
7.- En lo que corresponde al derecho de las Personas con Discapacidad a las prácticas deportivas, las disposiciones aprobadas no pasan más allá de ser mera declaración, ya que no considera por ejemplo la creación del comité Paralímpico Peruano y menos define su presupuesto. En consecuencia, la creación de federaciones que establece, si se mantiene sin modificarla, los deportistas con Discapacidad seguirán esperando eternamente los recursos que nunca llegan.  
8.- Es indiscutible que el único camino para que las Personas con Discapacidad puedan generar mayores oportunidades de participación y alcanzar su inclusión plena en la Sociedad, es mediante la obtención de un empleo digno. Para ello, era necesario que en la nueva ley se considerara entre otras medidas el aseguramiento de la estabilidad laboral relativa por lo menos en el sector público en concordancia con el artículo 27 de la propia Convención que establece que el estado debe implementar medidas que aseguren la continuidad en el empleo de las PCD. Sin embargo, el artífice del dictamen el Dr. Alberto Vásquez experto en Discapacidad no lo consideró así bajo el sustento que dicha disposición colisionaba con la normativa vigente en esa materia. El Dr. Vásquez no quiere comprender que si ese fuese un argumento valedero, con ese criterio tampoco podría darse otras medidas de afirmación positiva a favor de las PCD porque al igual también estarían colisionando con la normativa vigente.
 
Entonces surge la pregunta:
 
¿No es acaso que la legislación peruana tiene que ser adecuada a los estándares de la convención?
 
Si esto es así
 
¿No es acaso que el Congreso de la Republica como primer Poder del Estado, está facultado para reformar, modificar o derogar  leyes?
 
Queda evidente pues, que sencillamente el Dr. Alberto Vásquez se opuso sin ningún argumento valedero a la aprobación de este beneficio, condenando a los trabajadores con Discapacidad a laborar mediante contratos que como en el caso del CONADIS pueden llegar a perder su empleo. A ellos les decimos, que esto se lo deben al SODIS  y a sus representantes. Pero eso no es todo, porque tampoco la autógrafa considera medidas a favor de los trabajadores independientes con Discapacidad  quienes en la actualidad se encuentran absolutamente desprotegidos.
9.-  Los representantes del SODIS Sostienen que la nueva Ley deja el modelo asistencialista para convertirse en un instrumento promotor de derechos, sin embargo, en referencia a las pensiones para las Personas con Discapacidad, excluyeron de este derecho a las pensiones por incapacidad para el trabajo. Del mismo modo también excluyeron del derecho  a la Pensión no contributiva a las Personas con discapacidad severa que sin ser pobres, también tienen sobre costos inherentes a su Discapacidad; excluyendo al mismo tiempo a las Personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. No se quiso considerar que Personas sin discapacidad en las mismas condiciones vienen recibiendo este beneficio. Asimismo convirtieron en una disposición declarativa el Derecho a la Jubilación anticipada para las PCD propuesto en el proyecto 812. Entonces preguntamos
 
¿Si esto no se llama exclusión y discriminación contra las PCD cómo se llama?
 
Esperemos que los representantes del SODIS puedan dar una explicación satisfactoria como respuesta a esta pregunta.
10.-  asimismo, excluyeron el derecho de las PCD que cuenten con vivienda propia para la exoneración del impuesto prebial, propuesta proveniente del proyecto 812, beneficio que tienen actualmente los jubilados y que se proponía hacer extensivo también para las PCD.
Pero que quienes ahora salen como los grandes defensores de los derechos de las personas con Discapacidad sencillamente no lo quisieron considerar.
11.-  el proyecto de la iniciativa ciudadana consecuente con su posición frente a las organizaciones de personas con Discapacidad, no consideraron absolutamente nada en referencia al derecho de las PCD a su desarrollo asociativo, a pesar que tenían de aliado a la CONFENADIP.  Pero lo que resulta censurable es el hecho de que los representantes de la CONFENADIP, no se molestaran en presentar una sola propuesta al SODIS  en este sentido para ser incorporada en el proyecto de la Iniciativa. en el supuesto negado que así lo hubieran hecho, simplemente no les hicieron caso y por lo mismo no los tomaron en cuenta. Para superar este grave vacío, el proyecto 812 incorpora u capítulo sobre la materia, donde solamente se considera en el artículo 13 de la autógrafa, parte de sus disposiciones, excluyendo lo referido a las inscripciones de las personas jurídicas y el Derecho de las asociaciones para que la receptación de donaciones internacionales que reciban sea exonerada de los aranceles.
12.-  Otro de los temas graves propuestos en la nueva Ley, se encuentra en el hecho de convertir al CONADIS en un organismo técnico especializado en los asuntos relativos a la Discapacidad, disposición que fuese formulada en el marco del diseño de  la PCM. Pero al negarse esa posibilidad por el Ejecutivo, los expertos del SODIS no reformularon la disposición y la dejaron como estaba originalmente.  No tuvieron presente que en medio de este proceso fue modificada la Ley Orgánica del Ministerio de la Mujer, como resultado de la creación del Ministerio de desarrollo E Inclusión Social donde fueron transferidos sus programas sociales. Pero lo peor ha sido el hecho de reproducir esas competencias en las OREDIS y OMAPED. Convirtiendo  dichas Oficinas en replicas del CONADIS; constituyéndose en la práctica en entes burocráticos de mera formalidad, donde sus funciones tal como se puede verificar están restringidas solamente a los servicios de información a los usuarios, supervisión y fiscalización y a desarrollar campañas de concientización y nada más. Tal vez los señores del SODIS crean que con este diseño se puedan conseguir la eliminación progresiva de la pobreza y la extinción de la exclusión social que viven las PCD en medio de un país donde se viene diseñando programas, cuya finalidad es  la generación de mejores condiciones de vida para todos los sectores excluidos, pero que por la naturaleza de su diseño excluyen a la población con Discapacidad.
 
Son por estas razones entre otras que consideramos que la autógrafa es una norma que se caracteriza por ser excluyente y discriminativa. Ya que en ella se vulnera gravemente derechos importantes de las PCD, restringiendo sus oportunidades de desarrollo y su inclusión a la Sociedad. Desconociendo así las propias disposiciones de la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las PCD que constantemente los representantes del sodis invocan.
 
Es en este sentido que estamos de acuerdo con la posición asumida por la Sociedad Nacional de Personas con Discapacidad y Familiares, quienes proponen que la Autógrafa se devuelva a la Comisión de Inclusión Social y Personas con discapacidad con la finalidad de que se pueda superar el carácter declarativo, discriminatorio y excluyente de su contenido.
 
Por lo expuesto, hacemos un llamado a los sectores consecuentes comprometidos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, para trabajar juntos en torno al gran objetivo de conquistar en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, mayores medidas que contribuyan al verdadero disfrute de nuestros Derechos.
 
Rodolfo Aguilar Machuca
 
PRESIDENTE FENADIV

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