El «gobierno de la gran transformación»

De: Idelso Henandez Llamo <lajusticiaemanadelpueblo@gmail.com>

Fecha: 1 de abril de 2013 21:20

AUTORITARISMO al estilo del FUJIMORATO Y DE TODA LA DERECHA POLÍTICA PERUANA QUE HOY RENACE EN EL ROSTRO DEL  OLLANTISMO Y SU GOBIERNO DE LA «GRAN TRANSFORMACIÓN».

Mediante Decreto Legislativo N°1140 publicado el 10 de diciembre del 2012 se crea la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), la cual dice que los Gobernadores Políticos Regionales, Provinciales, Distritales y los Tenientes Gobernadores de las comunidades, serán los que representarán al Poder Ejecutivo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el cuento de   establecer una política de gobierno interior moderna como parte de la política interior de Estado; y que, ejercerán funciones en el ámbito de su jurisdicción de acuerdo a su competencia, contribuirán al orden interno, la gobernabilidad y la paz social, además dice que, son funcionarios de confianza.

Las funciones de la  ONAGI (Art. 6°) son las siguientes:

1)     Dirigir y supervisar a los Gobernadores Regionales;

2)     Dirigir, designar, remover y supervisar a los Gobernadores Provinciales, Gobernadores Distritales y Tenientes Gobernadores garantizando la presencia del Estado en todo el territorio nacional;

3)  Otorgar garantías para preservar el orden público y la integridad de las personas;

4)     Sistematizar la información que se requiera para conocer la situación relacionada a las actividades del Gobierno Nacional, en sus respectivas jurisdicciones; así como aquella información que se estime relevante;

5)     Autorizar, supervisar, controlar y fiscalizar la realización de promociones comerciales, rifas con fines sociales y colectas públicas a nivel nacional;

6)     Adjudicar los premios no reclamados para fines sociales;

7)     Otorgar garantías para la realización de concentraciones públicas, eventos sociales, espectáculos deportivos y no deportivos;

8)     Formar y desarrollar las capacidades y competencias de las autoridades políticas designadas y del personal de la institución;

9)     Coadyuvar con todos los sectores del Poder Ejecutivo, en el seguimiento del desarrollo y ejecución de las políticas nacionales en el ámbito de su competencia, en coordinación y articulación con la Presidencia del Consejo de Ministros;

10) Facilitar las acciones destinadas a una eficaz gestión de las entidades del Poder Ejecutivo, a través de los Gobernadores y Tenientes Gobernadores, en el ámbito de su competencia;

11) Desarrollar, conducir y supervisar proyectos por delegación, que debe autorizarse a través de convenio o resolución ministerial del sector correspondiente;

12) Imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de las normas en el ámbito de su competencia;

13) Proponer disposiciones normativas que regulen el accionar de las autoridades políticas designadas;

14) Recopilar y proporcionar la información que requiera el Gobierno Nacional, que coadyuve al mantenimiento del orden interno y la paz social;

15) Coordinar con la Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de sus funciones; y

16) Coordinar a través de los Gobernadores y Tenientes Gobernadores con las rondas campesinas para el cumplimiento de sus funciones.

Aparentemente estas disposiciones, que ha dado el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo estarían bien dadas, pero analizadas y mirándolas desde un punto de vista de acuerdo al Derecho Consuetudinario de los Pueblos Originarios, Indígenas, Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas viola el derecho a la libre determinación, el derecho al consentimiento, el derecho a su libertad, el derecho a ser consultados, atenta contra la verdadera democracia de los pueblos.

Desde que los pueblos ronderos e indígenas de Cajamarca y del país, nos hemos organizado con el fin defender nuestros Derechos Consuetudinarios, la vida, el agua y los recursos naturales. Para los gobiernos de turno, traicioneros y vende patrias en pleno siglo XXI nos hemos convertido en los patos feos y en la espina de sus zapatos.

Con el fin de hacernos callar, hoy buscan una serie de mecanismos y calumnias para humillarnos, coaccionarnos, limitarnos funciones, procesarnos, encarcelarnos, dividirnos, haciéndonos confrontar pueblo contra pueblo.   

Los gobiernos de turno, los partidos de derecha, junto a las transnacionales en estos últimos 20 años, han montado sus estrategias con el objetivo principal de destruir las organizaciones de las rondas campesinas e indígenas, para ello se plantearon los planes siguientes:

Los apristas hicieron lo posible porque las RR CC estén al servicio de la PNP bajo convenio desde el MININTER; los fujimoristas trataron de que las RR CC se conviertan en «Comités de Autodefensa» y estén bajo control del ejército; el toledismo quiso las RR CC sean «juntas vecinales y grupos de seguridad ciudadana» liderado por los alcaldes; las mineras buscaron controlarlas y convertirlas en sus guachimanes y que sean sus aliadas para justificar su invasiones dentro de los territorios, comunales, indígenas y ronderos; las ONGs trataron de controlar las RR CC para justificar sus «inversiones humanitarias y proyectos» financiadas por las grandes cooperaciones internacionales; el ollantismo de la transnacionalización en la actualidad, propone que las RR CC sean «policías rurales» y persisten que se firmen convenios con el Ministerio del Interior (MININTER).

 Con el D. L. N° 1140 dado por la PCM y el Congreso de la República el actual Gobierno busca tomar o imponer el control político, autoritario y dictatorial sobre las RR CC.

 Gracias al D. L. N° 1140, los pueblos del interior del territorio nacional entran a una etapa de coacción y prejuicio y, sufrirán prohibiciones y atentados contra la libertad de expresión, de movilización y protesta social.

 Las comunidades y poblaciones, ya no podrán proponer sus candidatos a Gobernadores y Tenientes Gobernadores (Pasan a ser funcionarios de confianza, Art. 13°), esto es un atentando contra la democracia legítima y participativa, por lo cual no debemos permitir que se consuma la imposición de esta disposición gobiernista mal intencionada y de doble propósito de mala fe.

 La ONAGI, a través de los Gobernadores y Tenientes Gobernadores, prohibirán las manifestaciones contra las transnacionales mineras y la defensa de los derechos consuetudinarios de los pueblos; con la venia del gobierno central los Gobernadores y Tenientes Gobernadores se convertirán en promotores, operadores y defensores de las mineras; promoverán organizaciones paralelas para dividir los pueblos, autoritariamente solicitarán y utilizarán las fuerzas policiales para reprimir a los pueblos cuando éstos protesten; a los Tenientes Gobernadores los convertirán en agentes de soplonaje para informar semanal, quincenal y mensualmente,  de lo que se planifica o se hace en las luchas en defensa de los derechos, la vida y el agua; a través de sus Despachos prepararán gente y permitirán su infiltración en las reuniones o dentro de los territorios para sembrarnos armas y/o drogas a los dirigentes o representantes de organizaciones sociales y líderes populares, para luego capturarnos y encarcelarnos por «acciones» de apología al terrorismo o «hechos» narco-terroristas,  nos negarán los permisos para realizar movilizaciones en reivindicación de nuestros derechos; a las organizaciones indígenas y a las RR CC las obligarán a informar semanal, quincenal o mensualmente de las actividades que realizan y, a la vez las obligarán a firmar «convenios» con los ministerios de acuerdo a sus conveniencias.

 A raíz de la resistencia que emprendió el pueblo de Cajamarca contra los abusos del Estado y por la inviabilidad del mega proyecto minero conga, la Minera Yanacocha y el Gobierno Nacional han desatado un acto de venganza política y de chantaje contra el Gobierno Regional de Cajamarca que, preside el compañero Gregorio Santos Guerrero, le han recortado su presupuesto que le corresponde por Ley, la Contraloría está más de un año y medio investigando con oficina en la sede del Gobierno Regional de Cajamarca, procesos judiciales por haber elaborado, aprobado y publicado la Ordenanza Regional 036 y, otras denuncias arbitrarias que hasta la fecha no prueban nada y, finalmente, el Gobierno de Ollanta Humala se ha propuesto administrar directamente los recursos económicos que le corresponde al Gobierno Regional de Cajamarca.

 El Gobierno de Ollanta Humala ha tomado la decisión de crear la ONAGI, monitorearlo desde la PCM, con la finalidad de apuntalar la labor de los Gobernadores y Tenientes Gobernadores quienes, van a representar al Poder Ejecutivo, los mismos que, desarrollarán su labor en coordinación con los alcaldes mineros y ayayeros junto con las empresas mineras.

 Por ello decimos afirmativamente desde la CUNARC-PERÚ que,  a través del  Decreto Legislativo N° 1140 se crea la ONAGI y, con ello, estamos ingresando a una etapa de AUTORITARISMO al estilo del FUJIMORATO Y DE TODA LA DERECHA POLÍTICA PERUANA QUE HOY RENACE EN ROSTRO DEL OLLANTISMO Y SU GOBIERNO DE LA «GRAN TRANSFORMACIÓN».

Norte del Perú, abril-2013. 

Por: Idelso Hernández Llamo

http://massolidarioconlasluchasdelpueblo.blogspot.com

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