Hernando de Soto: Minería ilegal, informal?

Aquí la opinión del investigador Hernando de Soto, del ex ministro Salhuana y del minero artesanal Tankar Rau-Rau Amaru sobre la formalización y la minería artesanal. Para tener una visión clara de la actividad en costa, sierra y selva.


Hernando de Soto: «La nueva clase media nació en Ayacucho»

De cómo la lucha del campesinado contra Sendero Luminoso se vincula al surgimiento de los sectores capitalistas emergentes

POR HERNANDO DE SOTO
DIARIO EL COMERCIO DE LIMA.- Un terrorista, un campesino, un microbusero, un hayista y un samurái que la olieron y no la vieron; izquierdistas tránsfugas, militares y policías, todos olvidados por la memoria oficial, balanceándose sobre una torre derrumbada, gestaron -sin proponérselo- una economía política y las nuevas clases medias del Perú. Inspirado en las abducciones de Raúl Romero, la creatividad de Rolando Arellano y la rigurosidad de Alfredo Torres.
Entre 1990 y 2012, la nueva clase media peruanacreció cuatro veces más rápido que la del resto de América Latina. ¿Por qué? Porque es un movimiento emancipador que hace medio siglo está en metamorfosis: De clases bajas a migrantes, y después a informales, sector del cual han emergido la nueva clase media y la minería informal.
La nueva clase media intuye que hay inversión gracias a que le ganó dos guerras seguidas a Sendero. Y si el actual modelo político-económico subsiste es porque respeta las actividades económicas de los emergentes y facilita su ascenso hacia la clase media. Y esta última tiene más autoestima que sus pares del continente porque sabe que su emancipación no le fue regalada, sino que se la ganó a pulso.  Recordemos cómo se gestó:
 1) Adiós igualdad hacia abajo. Las clases bajas abandonan tradiciones de trabajo entre conocidos y de considerar como virtudes la igualdad hacia abajo y la pobreza compartida. Migran hacia mercados en expansión para cooperar con peruanos desconocidos, en la patria grande, donde escalar clases no es mal visto.
2) Antes que Chile y la Confiep. En los 60 los migrantes llegan y desarrollan una economía libre pero informal, 10 años antes que en Chile y sin dictador. Se rebelan contra la «permisología» y exigen moneda estable 20 años antes que Hayek y Friedman visiten Lima, 25 antes que nazca la Confiep y 30 antes de la reinserción del Perú en el sistema financiero global.
3) Mártires de la clase media naciente. En 1981 (A), los campesinos se rebelan contra Sendero Luminoso(SL), que quiere colectivizar sus parcelas y prohibir los mercados. SL no reparó en que gran parte de las parcelas ya eran privadas por consenso entre los campesinos y que estos querían ser clase media. SL los castigó y entre 1981 y 1983 asesinó a unos 4.600.
4) Primera insurgencia antiexpropiación. En defensa de los valores de la clase media incipiente, en 1984 (C) unos 20 mil campesinos ayacuchanos se organizan ilegalmente en comités de defensa antisubversiva (Decas); pasan a la ofensiva y en 1986 (D) recuperan buena parte de sus valles, obligando a SL a refugiarse en las alturas.
5) Segundo martirologio. En 1986 SL retorna a los valles, mejor organizado y con gran financiamiento. Sigue asesinando campesinos, en 1990 recupera lo perdido y se expande al 60% del territorio nacional (E).
6) Lima no la ve. Solo 15% de los limeños creía que SL ganaría la guerra. A la mayoría le preocupaban más la desintegración económica y la pérdida de autoridad. Para SL, Lima era de interés «complementario», por eso no desplegó más del 2% de su violencia sobre ella.
7) EE.UU: «Sendero puede ganar».  EE.UU. evalúa que el gobierno está por ser vencido (F). La Corporación Rand informa que el Perú está «al borde del colapso» y que «SL puede ganar». En el Departamento de Estado se vaticina una posible matanza igual a la de Pol Pot en Camboya (casi 3 millones de muertos).
8) Campesinos sí la ven. En 1988 los campesinos ya tenían claro que la raíz de sus problemas era la ilegalidad de sus organizaciones. Ser ilegal en tiempos de guerra suponía graves problemas. No tenían una protección legal. No podían portar armas, combatían solo con lanzas, hondas, cuchillos, y algunos con escopetas artesanales.  No era posible para el Estado contar con información para distinguirlos de los terroristas. Crecía así el resentimiento contra el Estado.
9) La trampa categórica. Los campesinos tenían razón pero el Estado no podía apoyarlos abiertamente. ¿Cómo podía el Estado aliarse con ilegales? Kant hubiese definido esto como una «trampa categórica». Ella consistió en que se colocaba en un fichero dos categorías distintas: los ilegales buenos (que recurrían a medios ilegales para desarrollar actividades legítimas) y los ilegales malos (narcos, criminales y terroristas). Para usted, amigo lector, es evidente que Sendero -no los campesinos- le declaró la guerra al Perú; que unos eran los agresores y los otros los agredidos; que unos deseaban integrarse al sistema legal y otros deseaban destruirlo; que unos eran campesinos «no leídos» -como ellos mismos se llaman- mientras que SL estaba conformado por profesores. Pero no importa que usted entienda la diferencia. En los 80 todos eran estigmatizados por igual.
10) Ajedrez para romper la trampa. Romper la trampa categórica significaba sacar a los ilegales buenos del fichero criminal y aceptar que no todos podían llegar a ser legales a la misma velocidad. Se necesitaba que las nuevas reglas de juego incluyeran a los distintos comportamientos que hasta entonces se habían castigado.
El derecho de los 80 era como el juego de damas, que impone el mismo movimiento a todas las piezas en el tablero. Un juego excluyente. A diferencia de Sendero -que pedía patear el tablero-, los campesinos querían jugar pero algo como ajedrez, un juego que permite el movimiento disímil de piezas distintas.
¿Sería capaz la sociedad leída de entender que a veces, cuando el derecho pierde vigencia, los «no leídos» tienen razón? ¿Se daría cuenta de que para aislar a SL había que arrebatarle su potencial base social?
11) Uchuraccay y el alto costo de jugar damas. En 1983 (B), cuando el presidente Belaunde creó la comisión investigadora del Caso Uchuraccay para aclarar el asesinato de ocho periodistas en ese pueblo, los campesinos del Trapecio Andino batallaban contra SL, reclamando que el Perú formal les enviara al menos una señal de aliento. El Informe Uchuraccay se quedó corto. En su página 17 dice: «¿Es posible hacer aquellos distingos jurídicos, clara y precisamente establecidos por nuestra Constitución y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones de primitivismo, aislamiento y abandono de Uchuraccay? ¿Es posible, a hombres que viven en el estado anímico de esos comuneros en los días que preceden a la matanza, ilustrarlos con exactitud y discernimiento sobre las sutilezas de un sistema jurídico que, en la práctica, está a menudo contradicho por las prácticas cotidianas y tradicionales de la vida comunal?».
Esta reflexión define al derecho peruano como claro, preciso, sutil y totalmente reñido con el «primitivismo» de los campesinos. Estupendamente bien escrita, conmocionó al Perú y dio la vuelta al mundo, pero cerró aun más la trampa categórica.
12) Uchuraccay y las ventajas de jugar ajedrez. Lo que sí sabemos, porque los hemos seguido, es que luego de tres décadas los habitantes de Uchuraccay han probado que de primitivos no tienen nada. Varios han ascendido a la clase media y hoy son empresarios del comercio y del transporte en Huanta, de metalmecánica en Tambo, mayoristas de granos en Huaychao, dueños de radios en Lima, funcionarios públicos en Ayacucho, profesores en ciencias sociales aquí y allá. Esta gestación de la clase media también se dio en el resto del país: los llamados primitivos integran los sectores sociales que más han crecido en los últimos años. De hecho, mientras que la tasa de crecimiento del PBI per cápita entre 1990 y 2002 es el doble que la del resto de Latinoamérica, la tasa de crecimiento de la clase media cuadruplicó la de la región en el mismo período.
La creación de la nueva clase media significa que en algún momento después de Uchuraccay los «primitivos» empezaron a romper la trampa categórica, que el Estado dejó de lado las damas, que el Perú decidió jugar ajedrez y dispuso las piezas para poner en jaque al terror.
13) Guzmán reconoce el jaque.  Abimael fue el primero en percatarse de que estaba siendo derrotado por organizaciones campesinas recategorizadas. A mediados de los 90, admitió que «el problema se expresa en una inflexión… han ocupado algunos puntos  y nos han desalojado». Cada vez que entraba en algún lugar, era confrontado y rechazado por una clase media emergente que él llamó «fuerzas armadas reaccionarias por mandato». En efecto, desde fines del 91 las Decas se habían sextuplicado, convirtiéndose en una fuerza de 120.000 hombres que, junto a los 30.000  efectivos de las FF.AA., combatió y derrotó a SL como fuerza militar y opción política.
Para él, el acceso rápido de los campesinos a la propiedad formal, a la empresa y al comercio exterior era «parte del control de la población y recursos de la guerra de baja intensidad que pretende movilizar a las masas para sus planes de pacificación… O sea los hombres y armas los pone la masa, ellos no ponen nada». Seguramente refiriéndose al punto G del gráfico.
Según Guzmán, todo obedeció a un plan cuyo eje fue el Convenio Antidrogas con EE.UU. y que, a través de tratados internacionales y reformas internas, «… apunta contra la guerra popular y busca aniquilarla […] Ha sido concebido e implementado por Hernando de Soto agente directo del imperialismo yanqui» [«Sobre las 2 colinas: Documento de Estudio (de SL) para el balance de la III Campaña», 1991].
La «aniquilación» que lamenta fue un programa inclusivo que se desarrolló entre 1988 y 1992, basado casi todo en lo que propusieron en consultas populares individuos y organizaciones campesinas y urbanas.  Consistió en cambiar las reglas del tablero para que las sociedades informal y formal confluyeran en un mismo juego.
14) Primera movida: peones se vuelven alfiles. El primer resultado de la formalización fue la reducción en 76% del número estimado de víctimas atribuibles a las Decas: de 579 entre 1989 y 1991 a 142 entre 1992 y 1994.
Para incluir a los campesinos dentro del derecho, hubo que sacar el tema del contexto policial y replantearlo como un tópico de desarrollo y de DD.HH. Y para determinar si eran interlocutores políticos válidos, se invitó a inspectores de la ONU y de otros países a visitar las zonas de conflicto y a conocer in situ a las organizaciones campesinas. Al ser reconocidos como interlocutores, fueron recategorizados y así se pudo elevar el tema a nivel de jefes de Estado y compatibilizar el estatus de nuestros campesinos con nuestros tratados.
El proceso se desarrolló por etapas hasta que se cristalizó un consenso general, respetado dentro y fuera del país [ver cronología].
Como resultado de este proceso, el Estado tuvo información precisa de cuántos comités había, cuántos hombres y armas tenían, y también pudo instruirlos sobre lo que debían hacer. Este control redujo las cifras de muertes.
15) Segunda movida: Lima, el pez sin agua. Entre 1988 y 1992 se tomaron medidas  para que las mayorías accedieran a la legalidad y a los servicios del Estado; y se crearon además  mecanismos de participación en las decisiones de gobierno con el fin de escuchar a la población y evitar así la creación de barreras inadvertidas. Esta fue una de las razones de ser de la Defensoría del Pueblo.
Dichas medidas derivaron después en unas mil normas y decisiones administrativas cuyas grandes líneas fueron consultadas con los principales líderes políticos de entonces que deseaban conversar: Bedoya, Belaunde, Barrantes.
Una sola norma, la simplificación administrativa, que aprobó García para estimular denuncias contra las trabas burocráticas, posibilitó 26 reformas. Una de estas, el registro unificado que implementó el siguiente gobierno, incorporó al mercado legal, entre 1991 y 1994, a 388 mil negocios informales, que crearon 558 mil puestos de trabajo y permitieron al fisco cobrar US$7.800 millones de impuestos. El tiempo para abrir y registrar una empresa en la ciudad bajó de 278 días a uno solo, y el costo se redujo en 85%. Fue tan exitoso que el Banco Mundial lo ha convertido en su proyecto bandera, bautizándolo Doing Business.
Cuando Abimael Guzmán se trasladó a Lima (H) -vencido en el camp o y dos años antes de ser capturado por brillantes policías (I)-, encontró que sus potenciales reclutas urbanos estaban siendo recategorizados, y que sus movimientos Clasista Barrial, de Obreros y Trabajadores Clasistas, y otros que creó para atizar el descontento, no podían subvertir el sistema. Al contrario: La Federación de Choferes, liderada por Hernán Chang, reconoció su vocación empresarial, anunció que iba por el otro sendero, y se acabaron los paros de transportistas. Los ambulantes aceleraron la construcción de mercados y aquellos que la PREALC-OIT categorizó como «desocupados, improductivos y sin futuro» también emprendieron el camino hacia la clase media.
El Perú empezó a reconocer a sus informales como potencial clase media tras enterarse de que representaban más del 60% de las horas-hombre trabajadas, que operaban el 85% de la flota de transporte limeña, que todas sus viviendas eran privadas y tenían un valor de reposición en 1980 de US$24.700 millones, que a dólares del 2013 son US$69.800 millones (12 veces Camisea). Entendieron que la fuente de sus problemas era un derecho reparable, sobre todo cuando supieron que, según ley, Palacio de Gobierno no pertenecía al Estado sino a la comunidad de Jicamarca. El impulso por la recategorización del país fue tan poderoso que, inicialmente, la Confiep aceptó la propuesta de formar una unión formal-informal. Y Guzmán, en primera plana de su vocero «El Diario», se quejó de que la recategorización del ILD estaba «alejando a los jóvenes de la guerra popular».
16) El efecto Gestalt y los políticos. Los cambios se dieron durante los primeros gobiernos de García y Fujimori, ambos provenientes de canteras socialistas o progresistas. ¿Qué pasó? ¿Descubrieron de pronto a Adam Smith, se entusiasmaron con Bastiat? No fue así. Lo que ocurrió fue más simple: los informales fueron clasificados en categorías que permitieron a los políticos identificar a sus potenciales electores y sus expectativas.
El resto del país tampoco se convirtió de pronto en liberal, sino que  la guerra contra SL le hizo ver que el statu quo era insostenible y el comunismo aterrador. Hacía tiempo que cada uno de nosotros  intuía  que éramos empresarios en pequeño o en grande, en casas comerciales o en carretillas, con papel sellado o sin sellar.  Pero cuando tomamos conciencia de que todos nuestros vecinos compartían esas mismas categorías, el deseo de cambio se volvió contagioso e irresistible y las reformas salieron rápido.  En los años 80, la prensa, la televisión y la radio hablaban mucho de informalidad. «Caretas» sacaba un encarte cada dos semanas, El Comercio publicaba especiales continuamente, «Ojo» hacía historietas, Alan Garcíadedicaba al tema 3 horas cada dos sábados, y Fujimori lo abordaba con frecuencia en su programa de Canal 7.
La economía abierta y la nueva clase media son frutos de esta victoria política. Sus autores son quienes dieron su vida por defenderlas, pero también los políticos que rompieron la inercia del statu quo y permitieron que se aplicaran las recetas económicas por las que lucharon peruanos ilustres como Pedro Beltrán y Rómulo Ferrero y que fueron resistidas por los presidentes del Perú por considerarlas «políticamente inviables». Y tenían razón: ¿Por qué las mayorías, que según la OIT estaban desocupadas, iban a soportar el ‘shock’ si este beneficiaría solo a una élite empresarial?
Todo cambió cuando los políticos se percataron de que las mayorías se identificaban con el cambio. Esto hizo viable la receta del ‘shock’. El 1 de julio de 1990, «Caretas» informó desde Nueva York el primer acuerdo entre el FMI y el presidente electo destacando que la parte peruana planteó «que la economía de mercado no funciona para los más pobres» y  que la propuesta peruana fue hecha en nombre del «sector informal y la población marginada».
Por eso durante los primeros años de reformas, por cada medida de ajuste que daba el MEF, Palacio de Gobierno daba tres medidas a favor de los excluidos.  García y Fujimori las aprobaron por su gran eficacia e instinto político, ese es el papel de los jefes de Estado y hay que reconocérselo, pero no se sorprenda que no hayan entendido a cabalidad la profundidad de las reformas. Eso no es su fuerte. De allí que Fujimori permitió el tráfico de privilegios de Montesinos, contrario a una economía inclusiva; y García no continuó las reformas por un viraje ideológico incompleto.
17) Minería informal. El proceso de construcción de la nueva clase media se ha desacelerado, como lo demuestran las recientes protestas masivas de los mineros informales.  Hablamos de unos 500.000 peruanos cuyos derechos están tan mal definidos que 350.000 de ellos tienen que portar armas para sustituir la autoridad que debería ejercer la ley.  Hace unos 15 años que las potenciales clases medias vinculadas a la explotación de recursos naturales reclaman las herramientas legales para triunfar en la economía formal, y el Estado, en vez de dárselas, los sienta en mesas de negociación como si fueran extranjeros en su país o desarrolla procesos en los que se describe sin proponer salidas como en Uchuraccay. Y en lugar de ofrecerles jugar en un mismo tablero donde todos están categorizados de una manera que les permite acceder al crédito, al capital, a la asociatividad, los discriminamos al fragmentarlos en categorías, todas inútiles, anárquicas y anacrónicas, que los enfrenta entre ellos y con el Estado: legales, ilegales, artesanales, pequeños, medianos, totalmente y parcialmente informales, con y sin registros y permisos, invasores de concesiones, concesionados informalmente, con y sin requisitos de explotación, que comercializan pagando o sin pagar impuestos, con contratos legales o informales, etc. A esto se suma la proliferación de propuestas legales y políticas que colisionan con el marco legal vigente: expropiación y redistribución de las concesiones y extensión de la propiedad privada para que incluya los recursos naturales del subsuelo.  
Todo este proceso empezó cuando las clases bajas dejaron de trabajar solo entre conocidos para cooperar con peruanos desconocidos en la patria grande. Tuvo un enorme impulso con el primer movimiento libertario peruano y campesino que derrotó a Sendero y gestó la nueva clase media.
Este artículo no pretende reescribir la historia porque esta se enriquece cada día desde todos los puntos de vista, nunca termina. Solo deseo llamar a la reflexión para que no repitamos los errores del pasado: Si solo les ofrecemos un juego de damas en vez de un tablero de ajedrez a los que ahora quieren ascender a la nueva clase media, abriremos fisuras por las que podría irrumpir el pasado. 
FUENTE: http://elcomercio.pe/peru/ayacucho/nueva-clase-media-peruana-nacio-ayacucho-noticia-1719303

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La verdad sobre la minería artesanal

Por Tankar Rau-Rau Amaru

¿Quiénes somos los mineros artesanales?

Los nuevos emprendedores peruanos. Durante la Colonia fue España la primera potencia económica del mundo gracias al oro peruano y la plata del Alto Perú (Potosí). Después, varios países acumularon riqueza gracias a nuestros recursos. Nuestro guano fertilizó las tierras de Europa. El caucho, el salitre y la pesca llenaron los bolsillos de quienes, controlando Palacio de Gobierno y el Congreso, hicieron leyes para asegurar el saqueo. El gas se está yendo del país como por un tubo mientras nosotros cocinamos con bosta. En la actualidad se vuelven ricos con nuestros recursos empresarios de Canadá, Estados Unidos, Israel, Suiza, Australia, etcétera. Aquí todos acumularon riqueza, menos los peruanos. Aquí hay oportunidad para todos, menos para los peruanos. ¿Y ahora que nosotros los comuneros empezamos a sacar los recursos depositados en nuestro territorio nos van a decir que eso es delito? ¿Incluso perseguirnos a balazos con la policía o el ejército, cuyas armas fueron compradas con nuestros impuestos?

¿Y cómo lograron saquear nuestros recursos?

Controlando, como ahora, el poder político (Congreso, Palacio, gobiernos locales y regionales) en alianza con las oligarquías locales. Controlando, además, la prensa, el poder judicial y el poder de las armas (ejércitos, policía) y sobornando a dirigentes comunales y gremiales.

¿Cuántos mineros artesanales somos en el Perú?

En el marco del Decreto Legislativo 1105, nos hemos inscrito para la formalización casi ochenta mil mineros dueños de labor. Si tomamos en cuenta que en cada labor somos tres o cuatro socios y trabajamos mínimo con otros cinco mineros, significa que somos más de medio millón de personas directamente dedicadas a la actividad. Si a eso añadimos a las personas que dependen indirectamente de nuestra actividad (tiendas, comerciantes de ropa, transportistas, campesinos, ganaderos, ferreterías, restaurantes, plantas de beneficio, compradores de minerales, ingenieros, etcétera), entonces estamos hablando de dos a tres millones de personas. En Apurímac nos hemos inscrito aproximadamente ocho mil mineros dueños de labor en Energía y Minas. Eso significa que hay más de treinta mil mineros en toda la región, y en los dos últimos años gracias a la minería artesanal los niveles de pobreza y desnutrición crónica se han reducido en esa región, según datos del INEI(http://regionapurimac.gob.pe/2013/noticias/?p=190).

¿Es verdad que nosotros no pagamos impuestos?

Falso. ¿Por qué no dice el gobierno que en el Perú el minero artesanal paga más Impuesto General a las Ventas (IGV) que ningún otro contribuyente porque no deduce un solo centavo de crédito fiscal como sí hacen las mafias internacionales de la minería conocidas como transnacionales, a quienes el Estado les devuelve todo el IGV? ¿Por qué no dicen El Comercio y sus satélites, La República y Hildebrandt en sus Trece, que han coincidido o han concertado para hacernosbullying, que el minero artesanal paga más Impuesto a la Renta que otros contribuyentes porque tributa sobre las ventas y no sobre las ganancias y muchos mineros tenemos pérdidas? ¿Por qué no dicen estos industriales de la mentira que desde marzo de 2013 la SUNAT, sin tener las facultades que le corresponden al Congreso, aumentó de manera salvaje el Impuesto a la Renta al minero artesanal en 167% al aumentar la tasa del 1.5% al 4%?

Además, de cada cien soles que ganamos, dejamos todo en nuestras comunidades, en nuestras regiones y en nuestro país, en forma de impuestos directos e indirectos. De ese modo aportamos a la paz social, porque, cuanto más personas con trabajo, menos delincuencia, menos terrorismo y menos prostitución. Nosotros los mineros artesanales creamos empleo masivo y democratizamos la economía. En cambio las transnacionales, que se llevan todo el dinero y dejan al país sólo tres o cuatro soles de cada cien soles que ganan (a eso llaman canon, regalía e impuesto a las sobreganancias), acumulan la riqueza en pocas manos, poniendo en peligro la gobernabilidad de los países, empujando a los pueblos a la pobreza extrema y a la violencia. Las transnacionales crean muy poco empleo porque utilizan mucha maquinaria.

¿Es verdad que contaminamos el medio ambiente?

Falso. Nosotros, como dueños de casa, cuidamos nuestro medio ambiente porque vivimos aquí y nos quedaremos aquí y aquí se quedarán nuestros hijos. Nosotros no contaminamos porque vendemos mineral bruto, que se procesa en los desiertos de la costa, donde no hay ganadería ni agricultura. En cambio la gran minería, cuyos dueños viven en otros países, mata ríos y lagunas (y después, utilizando a El Comercio nos echan la culpa a los mineros artesanales). Los mineros artesanales no permitimos la prostitución (trata de blancas) y el trabajo infantil. Eso de que los mineros artesanales promovemos esas actividades delictivas es invento de la prensa de las transnacionales, para que el gobierno nos saque de los cerros. La gran minería, criminal en todos los sentidos, es enemiga de la vida y de la armonía social.

¿Nosotros depredamos el medio ambiente?

No. La diferencia entre la minería artesanal y la gran minería es abismal. Por ejemplo, Xstrata (Las Bambas) procesará 140 mil toneladas al día y desaparecerá cerros, ríos, pueblos y lagunas en pocos años. Los mineros artesanales extraemos 200 kilos de mineral al día. Después el pequeño capital que obtengamos, en lo que denominamos como «acumulación primaria del capital para los kechwas», lo invertiremos en nuestros pueblos, en ferreterías, boticas, grifos, en agro y ganadería, para que no sólo los chilenos se crean con derecho a dominar el mercado peruano.

¿Cómo queremos que sea nuestra formalización?

1) Las transnacionales y las oenegés extranjeras quieren que acatemos al pie de la letra los decretos legislativos que ellos elaboraron. Toda esta tragedia comenzó cuando el Congreso (con congresistas nuevecitos e ingenuos) dio facultades a Humala para legislar sobre minería «ilegal». Humala pasó la pelota al ministro de Energía y Minas, un tal Merino, y al ministro de (o del) Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. El ministro de Energía y Minas, que antes trabajó en Pro Inversión regalando los cerros de los peruanos a las transnacionales de la minería, y Manuel Pulgar Vidal, que pretende regalar los bosques de los peruanos a las mafias internacionales del carbono, dieron la tarea a la Sociedad Nacional de Minería (SNM), esa asociación del crimen organizado que destruye a las comunidades del Perú. La SNM metió en el mismo saco tanto a los mineros ilegales como a los informales y nos convirtió, a todos, en ilegales (al margen de la ley), peor que a narcotraficantes. Al final, Ollanta Humala firmó los decretos legislativos con el argumento de que son para «formalizar» a los mineros artesanales. Esos decretos no son para formalizar. Son, más bien, para matar a la minería artesanal, para sacar de los cerros a los comuneros y entregar esos recursos a las transnacionales. La mejor prueba de lo que decimos es que, después de un año y medio, poquísimos mineros han podido formalizarse a pesar de que hemos presentado todos los documentos y nadie podrá formalizarse hasta abril, porque esos decretos no responden a la realidad, son engorrosos y, en vez de ordenar la minería artesanal, han creado tal enredo que ni el mismo gobierno sabe quién es el encargado de formalizar, o los ministerios o los gobiernos regionales; y en vez de solucionar el problema, han creado mayor problema y están llevando al país a una situación de crisis y violencia. Para los mineros, acatar esas leyes sería perder nuestra dignidad como peruanos y renunciar al futuro como mineros artesanales. ¿Acaso para promulgar esas leyes nos consultaron a los peruanos?

2) La formalización que queremos es una formalización permanente y con dignidad. Para eso se tiene que cambiar la ley. Eso significa organizarnos y pedir que las leyes se adecúen a la realidad de cada departamento y región (costa, sierra y selva). Significa también pasar de la respuesta emocional (paros, marchas y protestas) a una acción planificada y ser actores en la toma de decisiones para que los inquilinos, las transnacionales, no tengan la insolencia de mandar en nuestra casa, el Perú, como si estuvieran en su chacra.

¿Cuál es el objetivo del límite de la presentación de las Declaraciones de Compromisos?

Que de este año en adelante ya nadie más entre a los cerros. Es decir, que ya no podamos dedicarnos a una actividad en la cual estamos involucrados durante cientos de años. Los que entren a la minería del 2013 para adelante ya no tienen opción a formalizarse.

¿Qué le pedimos al Gobierno?

Ni trabajo en las instituciones públicas para convertirnos en parásitos, ni favores políticos. Sólo facilidades tributarias y legales, igual que las transnacionales, para formalizarnos con visión de mediano y largo plazo porque le solucionamos al país el problema de falta de empleo, creando movimiento económico en lugares donde no hay presencia del Estado. Esto quiere decir que la minería artesanal es una oportunidad para el país, ahora que los precios de los minerales están altos y que podrían durar pocos años, y no un problema como pretende hacernos creer el gobierno. Entonces, si es una oportunidad, el Estado debe promoverla y protegerla como indica la Ley Nº 27651 (Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal). Si nos formalizan, podemos crear medio millón de nuevos empleos directos. Es humillante para nosotros y vergonzoso para Humala que en nuestro país se pretenda destruir una actividad que aporta a la salud de la economía del país. Por ejemplo en Chile el Estado ayuda, impulsa, entrena y protege a sus pequeños mineros mediante la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y la Corporación de Fomento de Chile (CORFO). ENAMI les provee el cálculo de reservas minerales, les da asistencia técnica, les facilita el acceso a los explosivos, les entrega los estudios geológicos distritales, no les impide el acceso a la cal, ácido sulfúrico y demás reactivos. El objetivo del Estado chileno es convertir a esos pequeños mineros en medianos y grandes mineros. El objetivo de Ollanta Humala, con el paquete de decretos legislativos promulgados el año pasado (2012), es estrangular lentamente a los mineros artesanales atacando toda la cadena productiva (desapareciendo los insumos, «fiscalizando» transportes, comercialización y beneficio con SUNAT y fiscalías, bombardeando a las plantas), para entregar después los cerros a las bandas organizadas internacionales de la minería, vulgarmente llamadas «transnacionales».

¿Por qué la prensa de Lima nos ataca con calumnias?

El costo real de un periódico de Lima a todo color es, mínimo, tres soles por ejemplar. Los costos de producción, impresión, distribución y del papel son altos. Pero esos periódicos se venden a cincuenta céntimos. ¿Quién los financia? Todo está claro. Si un minero artesanal, a base de trabajo y de privaciones de muchos años llega a tener cien mil soles o llega a ocupar un cargo importante gracias a su trabajo, hacen un escándalo a página completa. ¿Y por qué no dicen nada cuando las transnacionales se llevan miles de millones de dólares? Dicen por ahí que las transnacionales se llevan oro cubierto con plomo para no pagar impuestos. ¿Y esos periódicos por qué no investigan eso?

¿Qué es el Derecho Consuetudinario?

Las actividades que practicamos por costumbre, y la minería es una de ellas. El Perú fue minero artesanal desde los preíncas, extrayendo sólo lo necesario, combinando esa actividad con la ganadería y la agricultura. Amparados en el derecho consuetudinario, pedimos al gobierno prioridad en el aprovechamiento de nuestros recursos. Las mineras transnacionales no comerán carne en nuestros pueblos históricamente olvidados, mientras nosotros los comuneros, los verdaderos dueños de la casa, esperamos sentados que «por el amor de dios» nos tiren algún día, si hay voluntad, un miserable hueso en nombre de programas sociales (Programa Juntos, Pensión 65, etcétera), porque ya sabemos que ni el hueso llegará. Aquí no mandarán los inquilinos sólo porque, manipulando el poder político, elaboraron «su ley». La gran minería expulsa de su tierra al comunero. La minería artesanal le convierte en microempresario. En Apurímac ya hemos tomado una decisión. Si no nos formalizan a los mineros artesanales, con concesión propia y no con contratitos, NO dejaremos entrar a las transnacionales. Así de simple.

¿Le pedimos inclusión social al gobierno?

No. Exigimos inclusión económica y laboral. Los mineros artesanales somos comuneros peruanos que hemos visto en esta actividad una nueva alternativa de desarrollo ante el abandono del agro y la ganadería. La agricultura ya no es opción para derrotar a la pobreza. Los insumos para la agricultura han subido y seguirán subiendo, por cuanto están relacionados con la subida del petróleo. Las tierras que produjeron por muchos años se encuentran contaminadas por el mal uso de los fertilizantes (nemátodos, etc.), principalmente por falta de capacitación, y dentro de algunos años ya no producirán nada. El clima, siempre variable e impredecible en la sierra, no garantiza una buena cosecha. Y ahora se viene el TLC. Tampoco la ganadería es opción. Los comuneros criamos ganado (vacuno por ejemplo) durante cinco años para venderlo en 600 soles. A veces se muere por falta de pasto. La carretera Transoceánica facilitará el ingreso de carne barata del Brasil y matará a la ganadería peruana.

¿Cuántos tipos de concesionarios existen?

1) CONCESIONARIOS TRANSNACIONALES: Acaparan concesiones para veinte o treinta años. En este momento, de 25 millones de hectáreas concesionadas, sólo se encuentran en explotación un millón de hectáreas y en exploración 350 mil hectáreas. Es decir, las transnacionales se han repartido el país por cuadraditos. Por consiguiente, hay un total de 24 millones de hectáreas acaparadas y ociosas por veinte o treinta años, por las cuales los concesionarios pagan tres dólares anuales por hectárea. Ya no queda espacios para que los mineros artesanales, mayoritariamente comuneros, podamos concesionar. Si no se trabaja en esas concesiones, pierde el Estado porque no hay ingresos en tributos y perdemos los peruanos porque no podemos seguir generando trabajo.

2) CONCESIONARIOS TRAFICANTES Y PARASITOS:Son mafias de personas jurídicas o individuales que concesionan una determinada zona con dos objetivos: para entregarlas a las transnacionales, o para explotar a los mineros artesanales con regalías abusivas.

3) CONCESIONARIOS MINEROS ARTESANALES: Son mineros como nosotros que concesionaron para producir o para trabajarlas en forma asociada con otros mineros artesanales.

¿A quiénes llamamos «los nuevos encomenderos»?

A los concesionarios transnacionales y a los traficantes de concesiones. En otro tiempo las mejores tierras se encontraban en manos de los hacendados, amos y señores de tierras, animales y personas. «Sus haciendas» nacieron del despojo y abarcaban desde las lejanas punas hasta las quebradas más profundas. Mucho antes, después de la caída del Tawaintisuyu, los encomenderos españoles se repartieron regiones enteras, donde ellos mataban y robaban con la protección de reyezuelos y virreyes. Los tiempos han cambiado desde Velasco. Los dueños y señores de las tierras han desaparecido en la sierra (en la costa han reaparecido, como menciono en mi libro Allin Kawsay y el poder en el Perú), pero con Fujimori ha surgido un nuevo tipo de hacendados: los dueños de las concesiones mineras, en su mayoría transnacionales. Estos nuevos hacendados, si antes eran dueños del suelo, ahora se creen, sin serlo, dueños del subsuelo, donde se encuentra la mayor parte de la riqueza de los pueblos. 

¿Qué es la contraprestación?

El modelo de «acuerdo o contrato de explotación», que es parte del Decreto Legislativo 1105, señala que «el operador minero (o minero artesanal) dará en contraprestación por la autorización de explotación (puede ser un porcentaje de la producción u otro concepto conforme acuerden las partes) a favor del titular minero». Dice «producción», no dice ganancia.

PROBLEMA 1: ¿Qué sucederá si el concesionario firma el contrato pero con la condición de que el minero le pague 10% o 20% de regalías (como generalmente se le llama) y, de paso, le obliga a venderle todo el mineral a precios irrisorios, como lo vienen haciendo algunos traficantes de concesiones?

Respuesta: El minero artesanal trabajará para el concesionario, reducido a condición de peón, vendiendo el mineral al precio que dicte el capricho del concesionario y dentro de algunos años regresará a la condición de ilegal. Además los concesionarios, al cabo de uno o dos años, expulsarán al minero y se quedarán con sus labores ya en producción. Porque la malhadada ley dice que «si no mediara acuerdo de prórroga del contrato, al vencimiento del plazo señalado el minero artesanal deberá entregar el área autorizada dada en explotación, sin necesidad de requerimiento alguno». En este caso el concesionario se convierte en un nuevo gamonal. Dice también dicho documento que la renovación de contrato será por acuerdo de partes. ¿Y si el concesionario no acepta? Adiós minero… ¿Y podremos invertir en «corridas» sin estar seguro de recuperar nuestras inversiones, sabiendo que nuestra formalización es temporal? ¿Podremos acceder a créditos cuando nuestra vida económica está limitada por el mismo Estado, paradójicamente la encargada de promover actividades económicas?

PROBLEMA 2: ¿Qué sucederá si el concesionario (principalmente una transnacional) pide para él, a cambio de un contrato, licencia social a los mineros comuneros?

Respuesta: Si es contrato de exploración, el minero comunero pierde la concesión porque ésta, ya con reservas probadas, es transferida a otra transnacional y, en algunos casos, entra a la bolsa de valores. Si el comunero-minero firma contrato de explotación a favor de la concesionaria, después de dos años el minero no sólo regresa a la condición de ilegal sino además pierde la actividad como minero artesanal. En la práctica, expulsión del minero-comunero de su territorio por propia firma.

Desde todo punto de vista, si firmamos los acuerdos o contratos de explotación, al cabo de uno o dos años, según sea el caso, volveremos a la condición de ilegales y, en muchos casos, dejaremos los cerros para siempre, porque, como ya hemos visto, el DL 1105 no dice que los contratos serán por tiempo indefinido, tampoco que los contratos serán automáticamente renovables. Si aceptamos estos contratos, pagaremos regalías abusivas a los concesionarios, daremos tributos al Estado y, como lo venimos haciendo, aportaremos a nuestras comunidades y haremos escuelas, agua potable y postas. Si sumamos esto el mercado negro de los insumos, toda nuestra ganancia se irá a otro lado como por un tubo y nos convertirá en los nuevos esclavos en pleno Siglo XXI. Podemos aceptar a algunos concesionarios peruanos como socios, a los de buena voluntad, ¿pero aceptar a las transnacionales como patrones? Ni que estaríamos en la Colonia.

¿Adónde apuntan los contratos con el concesionario?

Según el Decreto Legislativo 1105, el acuerdo o contrato de explotación constituye uno de los requisitos para la formalización del 98% de los mineros artesanales (ahora en proceso de formalización) que trabajamos en concesiones de terceros. Pues bien: los «contratos o acuerdos» con los traficantes de concesiones o concesionarios (el nuevo nombre de los encomenderos) nos regresaría a la mita minera de la Colonia. Con esto, Humala ha legalizado el robo y pretenden imponer una moderna esclavitud (ahora ya no con azotes sino con leyes) para beneficiar a los que financiaron su campaña política. El acuerdo Humala-transnacionales apunta a que se mantenga elstatuo quo a como dé lugar, a cambio las transnacionales financiarán la candidatura de Nadine.

¿Los concesionarios son propietarios de algo?

No. Tenemos que hablar claro y alto: el suelo es propiedad de la comunidad (si existe comunidad campesina o nativa), del Estado (si es eriazo) o de un particular. El subsuelo es del Estado y los minerales del subsuelo son de la Nación, o sea de todos los peruanos. ¿Qué viene a ser el concesionario? Un inquilino, un transeúnte, pero no es propietario de nada. ¿Y de quién es el mineral que se encuentra en el subsuelo? Se ha dicho siempre que el mineral del subsuelo es de los concesionarios, incluso algunas veces los concesionarios han denunciado a los mineros por el inexistente delito de hurto agravado. Falso. Según el Art. 66° de la Constitución, los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación (de todos los peruanos). El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real respecto de los recursos minerales explotados, pero no propiedad de la tierra ni propiedad del mineral si éste todavía se encuentra en el subsuelo (por eso se llama concesión).

Según lo establecido por la Constitución Política, este derecho califica como real, pues otorga a su titular el poder de explorar y explotar los minerales dentro del área que le ha sido concedida, con el fin de aprovechar los recursos minerales. Esto último nos hace pensar en el disfrute o aprovechamiento económico del bien, que en este caso consistiría en el mineral que contiene el yacimiento. Sin embargo, se debe tener presente que los minerales en su fuente o yacimiento pertenecen a todos los peruanos, mientras que sólo una vez extraídos pasan a ser de propiedad del concesionario minero, su cesionario, o del minero artesanal. Cabe señalar que al separarse los minerales del yacimiento, conjuntamente con otros materiales no valiosos, adquieren la condición de bienes muebles de propiedad, pura y simple (del concesionario minero o del minero artesanal).

Con la Ley Humala, publicada a la mala, el concesionario (inquilino) adquiere más derechos que los mismos propietarios, nosotros los comuneros y los peruanos. Ahora el robo del concesionario ya es legal y posible la esclavitud. En todo caso, nosotros no tenemos nada que hablar o negociar con un inquilino. Hablemos, dignamente, de propietario a propietario, de comunero-ciudadano a Estado. Hablemos con el gobierno.

¿Qué es, en el fondo, «la inversión extranjera»?

Estados Unidos (United States of America, USA) y sus socios fabrican dólares sin respaldo. Agarran un montón de papel, los pintan con dibujitos y numeritos y los convierten en mil millones de dólares. Vienen con ese montón de papel, diciendo que es «inversión extranjera», y nosotros entregamos a cambio un cerro lleno de oro que vale cincuenta mil millones. Nos dejan el papel y se llevan oro puro, valor tangible, para sus reservas. De ese modo han saqueado a todo el mundo (petróleo, gas, minerales, etcétera) y han acumulado mucha riqueza. En kechwa USA significa piojo. Tal parece que Estados Unidos (USA) hace honor a su nombre porque el país de la libertad con que soñaron sus fundadores se ha convertido con el tiempo en un parásito que succiona la sangre de los pueblos. ¿Por qué el Perú no compra con los soles que fabricamos el oro de los mineros artesanales y lo guarda como reserva, en vez de acumular como reserva papel pintado (dólares)? ¿Dónde está Activos Mineros?

¿Qué le decimos a Humala?

La Ley Humala  sobre la «formalización» de la minería artesanal nos dijo el 2012: «O mueres ahora si no entras al proceso de formalización, fulminado por el paquete de decretos legislativos, o mueres en dos años por contrato». Es como si el cocinero dijera al pavo, con el aplauso de El Comercio: «De todas maneras te haré estofado: por decreto o por contrato: escoge cómo quieres acabar». Nosotros, los mineros artesanales peruanos, que no nos dejaremos humillar hasta la condición de pavos, le respondemos a Ollanta Humala: «O expropias las concesiones ociosas y acaparadas por las transnacionales, para que nuestra formalización sea permanente; o, así como te pusimos, te sacamos del gobierno: escoge». Los mineros artesanales no retrocederemos ni un paso. Salvo que se declare CERO MINERIA en todo el país. ¿Por qué licencia para saquear para las transnacionales y por qué persecución para los dueños de casa? Defenderemos nuestra fuente de trabajo incluso con nuestras vidas. Como peruanos y comuneros reclamamos nuestro derecho a un metro cuadrado de tierra. No nos amedrentarán ni la cárcel con que nos amenazan los peones de las transnacionales (prensa, policías, políticos, fiscales), ni la persecución económica que ha emprendido contra nosotros las transnacionales y el gobierno.

¿Cuál es la salida si queremos formalización permanente y no temporal?

Si el gobierno quiere realmente formalizar a la minería artesanal, pequeña minería y mediana minería de nacionales, entonces tiene que recuperar, mínimo, cinco millones de hectáreas de las concesiones ociosas y acaparadas por las transnacionales. El gobierno, como representante del Estado y la Nación, puede y debe tomar decisiones sobre su propiedad, en coordinación con los otros propietarios, los comuneros. ¿Por qué los verdaderos dueños de la casa, los peruanos, debemos ser expulsados del banquete y esperar, lejos, que los nuevos gamonales del Perú, las transnacionales, nos tiren por caridad algún huesito en nombre de canon y regalía? Pedimos respeto e igualdad en el trato. ¿Por qué facilidades tributarias y estabilidad para las transnacionales y estrangulamiento lento para los mineros artesanales y pequeños productores mineros nacionales? ¿Por qué promoción y favores para los extranjeros y persecución y bala para los peruanos que quieren hacer empresa?

¿Es mejor formar «asociaciones» o «microempresas»?

Las dos formas son necesarias. Las asociaciones (sin fines de lucro) son imprescindibles, pues sirven para defender nuestra actividad. Las microempresas sirven para comprar y vender.

¿Cuál es la fórmula para nuestro crecimiento económico?

La escalera. Los pobres hemos nacido en el último escalón de la sociedad. Eso, por supuesto, no es malo. Lo malo es quedarnos sentados como un florero sin hacer nada teniendo tanta riqueza enterrada debajo de nuestras casas. Nuestra fuerza e inteligencia son suficientes para avanzar al primer escalón. El crecimiento debe ser por etapas. La primera es la artesanal, cuando uno trabaja con comba y punta. La segunda es la del pequeño minero: maquinarias simples. En la tercera etapa, la de mediano minero, ya se debe contar con concesión propia y medianas maquinarias. La última, la cuarta, es la del gran minero: es cuando debemos expulsar del país a las transnacionales. Eso sí, siempre en armonía con la Pachamama y con la sociedad. Ahorro permanente y mucha disciplina. Los mineros somos una sola familia. La honradez es fundamental: el cerro no le da nada al que roba al hermano. Debe existir solidaridad con los demás para avanzar y organización para defenderse. Si tocan a un minero artesanal, sea de donde sea, saldremos a las calles en todo el país.

¿Cuál es la estrategia para nuestro avance?

1) Copar todos los espacios políticos. Es nuestro derecho como dueños de casa. Las transnacionales sacaron leyes a su favor copando el Congreso y todos los estamentos del Estado, incluso lograron colocarse detrás de Humala utilizando como puente a Nadine Heredia. Debemos usar todas las herramientas legítimas en el proceso de nuestro crecimiento. Pongamos mínimo veinte congresistas en las próximas elecciones, para pelear por nuestros derechos ya no en las calles sino desde dentro del Congreso. Y si logramos colocar un minero artesanal detrás del próximo gobierno, tendremos mayores facilidades para recuperar el Perú para los peruanos.

2) Trabajo social e imagen. Nuestra mejor carta de presentación es nuestra organización y nuestro comportamiento. Seamos los mejores ciudadanos y los mejores microempresarios. Apoyar toda actividad cultural, deportiva, etc. Trabajo en las universidades para que las Facultades de Ingeniería de Minas preparen a los estudiantes para que sean empresarios y no para ser empleados de las transnacionales.

3) Apertura de medios de información masiva. El arma más importante, de presión y promoción, de las transnacionales es la prensa, que difunde «la verdad» de los que saquean a nuestra Patria, y ante la opinión pública nos muestra a los mineros artesanales como los más feos del baile social y, como consecuencia, ya nadie quiere bailar con nosotros. Toda organización de mineros artesanales debe contar, mínimo, con un medio de información, sea boletín, radio o canal de televisión, para que difundan nuestra verdad. Verdad contra verdad, veremos quién gana.

4) Crecimiento económico. Compremos las mejores tierras en todas las ciudades. Abramos boticas, restaurantes, hoteles, etc. Si un peruano crece económicamente, crece nuestra Patria.

5) Fortalecimiento de nuestra organización en forma de pirámide de tres pisos. La base de nuestra organización nacional está constituida por las microempresas, cooperativas y asociaciones. En el segundo piso se encuentran las Federaciones y los Frentes. En el último piso se encuentra una coordinadora nacional. Nuestros enemigos económicos (las transnacionales, los traficantes de concesiones o el gobierno) pueden destruir el último piso de nuestra organización. Pero desde nuestras bases debemos reconstruir cuantas veces sea necesaria la gran organización nacional. Después de la promulgación del paquete de decretos legislativos que nos han convertido en criminales, hemos decidido pelear porque queremos formalizarnos. Y si hemos decidido pelear, estamos seguros de ganar. Logramos arrancar del gobierno, a pura presión, el Decreto Legislativo 1105, que tiene vacíos y trampas pero nos protege hasta abril del próximo año (este año). Nuestra lucha será larga o corta, dependiendo de nuestra organización. Si nos organizamos bien, el gobierno y las transnacionales aprenderán a respetarnos y ganaremos todas las batallas. Si nos dispersamos, será larga la lucha. Pueden encarcelar o comprar a nuestros dirigentes (ya encarcelaron a seis dirigentes de Apurímac, entre ellos el que esto escribe). No importa. Desde las bases de la pirámide surgirán otros dirigentes, la levadura que fermentará a la masa y lo pondrá en movimiento. Eso sí, no debemos aceptar dirigentes que no sean mineros.

6) Alianza con los ambientalistas. No debemos enfrentarnos con los ambientalistas. La pelea no es contra ellos. La lucha de ellos es también nuestra lucha. Expulsemos, en alianza con ellos, a las transnacionales y sigamos con los planes tenaza. Para nosotros y para ellos, las transnacionales están fuera de la legalidad. Después de expulsar a las mafias internacionales, nos sentaremos como buenos peruanos y solucionaremos nuestros asuntos domésticos en casa. A fin de cuentas, ellos deben saber que la propuesta del Allin Kawsay salió de la organización de los mineros artesanales. La propuesta de los ambientalistas es «Buen Vivir» (solamente humanista).

¿Qué debemos hacer ante la inseguridad?

Están empezando a asaltar a los mineros artesanales. Este Estado no tiene capacidad de garantizarnos seguridad económica ni individual, ni siquiera puede protegernos de la voracidad de las transnacionales y de las mafias de traficantes de concesiones, menos de los delincuentes comunes. Formemos grupos de autodefensa en todas las bases mineras con la ayuda de las leyes vigentes. Es la única manera de estar seguros.

FUENTE: DIARIO LA PRIMERA DE LIMA:

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/actualidad/la-verdad-sobre-la-mineria-artesanal_139750.html

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«El Estado ha ilegalizado a los mineros de Madre de Dios»

Es lo que dice en esta extensa entrevista para LaMula.pe, el ex congresista y asesor legal de la FEDEMIN, Eduardo Salhuana…

Por Gabriel Arriarán

           LaMula.pe viajó a Puerto Maldonado la semana pasada, días antes de las movilizaciones que vivieron varias regiones, a averiguar in situ los problemas que atraviesa el proceso de formalización y conversar con los involucrados. En opinión del asesor legal de la Fedemin, Eduardo Salhuana, el Estado no estaría dispuesto a formalizar la minería informal en Madre de Dios, sino a erradicarla por completo.

           Desde este polémico punto de vista, el proceso de formalización quedaría como una trampa burocrática que estaría ilegalizando a los mineros para luego perseguirlos e interdictarlos. El Estado, dice Salhuana, tendría que sincerarse y comunicar a la gente que ya no se permitirá la actividad minera en el departamento.

¿Cómo llegó usted a ser asesor de la Fedemin, cuál es la historia detrás de esto?

Yo soy abogado. Soy abogado, soy de acá, he vivido toda mi vida acá. Y lógicamente conozco la actividad minera.

¿Tiene usted concesiones mineras?

No, no, no. Sólo soy abogado. No soy ni minero, ni maderero, sólo soy abogado. Y obviamente lo conozco a Lucho Otzuka. Él es de acá, su familia también es de acá, mi familia también es de acá. Yo soy de Puerto Maldonado cuando Maldonado era una aldea de cinco mil habitantes. Todos nos conocíamos. Y Lucho es minero antiguo. Su familia era minera. La diferencia entre los mineros de Madre de Dios con los mineros de otros departamentos, es que el minero de Madre de Dios tiene títulos mineros, no es un invasor de terrenos de grandes empresas, no, no, es titular minero. Lo que no entendemos es por qué el Estado se ha ensañado con ese ciudadano.

Pero quiero conocer la historia detrás. ¿Cómo es que lo llaman para ser asesor de la Fedemin?

Como te digo, soy abogado, yo he sido asesor de varias asociaciones, de varios gremios mineros, en Malinowski, de Huepetuhe, en Laberinto. He tenido un montón de clientes mineros. En esa condición asistía a las reuniones de la Federación Minera, y en uno de los viajes que se hizo el año pasado, el 2012, después de la huelga (aquella donde hubo tres cuatro muertos en Puerto Maldonado), me invitaron para viajar a Lima. Viajé con la delegación para reunirnos en la PCM. Asistimos varios, fuimos varios asesores. Y ya estando allí, Lucho me pidió que lo acompañe en la Federación, que lo apoye. Así fue, y aceptamos, obviamente con el pago de unos honorarios mediante.

Leí en un artículo de El Comercio que durante el gobierno de Toledo usted sacó una norma que prohibía la minería en cursos de agua.

Era en ríos, en zonas adyacentes adonde se capte agua potable para consumo humano. Yo era presidente de la Comisión de Amazonía, y viajamos a Iquitos para una sesión descentralizada del Congreso. En esa sesión, el presidente de la región y el alcalde provincial denunciaron que una empresa minera operaba a doscientos metros de la balsa cautiva que captaba agua en el río Nanay, para la ciudad de Iquitos. Se pidió informes, estaba el informe de la DREM, que decía que no había normatividad que prohíba, y se propuso una norma para que se prohíba la minería en las zonas adyacentes donde se capta el agua potable. Esa propuesta la hizo suya la comisión y se planteó al Congreso. En mi etapa de congresista yo promoví la Ley 27651, que es la ley de promoción y formalización de la pequeña minería, una ley vigente. Acá se solucionó el problema nativo-minero: habían como 300 mil hectáreas que estaban anuladas para petitorios mineros porque había enfrentamientos entre comuneros y mineros. Se zanjó ese tema. Aquí hay muchos problemas por el uso del recurso, muchos problemas. Y como hay un sólo congresista para la región, tiene que estar en todas.

           A veces uno opina, tiene una idea, porque no tiene la información del otro lado, la gente no tiene acceso a la información. Aquí la actividad minera ocupa al 53% del PBI regional. Si el Estado quiere tumbarse a la minería, hermano, que la reemplace con otras actividades, que financie algo. Con las inundaciones, Ollanta no ha mandado un centavo para la gente, hay diez mil agricultores afectados, y para el Presidente no hay Madre de Dios, no existe. Ni un ministro viene acá. Sólo viene Pulgar Vidal, a interdictar nomás. Entonces la gente se siente marginada, se siente maltratada por el Estado. ¿Qué quieren?

No negará que la minería ha causado un impacto ecológico fortísimo, y que asociada a la minería hay, por ejemplo, trata de personas.

Seguro. Totalmente de acuerdo. No vamos a tapar el sol con un dedo, no lo vamos a negar. Es una actividad que ha impactado, es una actividad que genera problemas, de todo tipo, pero creo que si nos ordenamos, si hay voluntad de ambas partes, las cosas podrían ser diferentes. Los mineros, con todo lo que ha sucedido, tienen una enorme voluntad de corregir todas las tonterías que han hecho. Porque hay mineros que hacen las cosas de manera irresponsable. Hay. Existe. Pero entienden ahora que los tiempos han cambiado. Que si queremos hacer minería, tiene que ser una minería diferente, distinta.

¿La Fedemin reconoce entonces que ha habido contaminación por mercurio en los ríos, por ejemplo?

En general, sí, hay contaminación, evidentemente. Acá se hace minería hace más de 50 años. Lo que nosotros decimos es que hay que solucionarlo juntos. ¿Quién vendía el mercurio antes en Madre de Dios? El Estado, el Banco Minero era el que te daba el mercurio.

¿Qué propuesta tienen ustedes para comenzar a remediar eso?

El IGAC te dice cómo vas a trabajar. El problema es que hasta la fecha, al Estado nunca le importó la pequeña minería. Cuando yo estuve en el Congreso, en la oficina de pequeña minería, estaba el Ing. Barcello, un ingeniero competente. Él me dijo: Dr., ¿qué puedo hacer? Si el ministerio sólo piensa en la gran minería. La pequeña minería no existe. No tengo plata, no tengo recursos, ¿cómo me voy a Madre de Dios? No tengo. No puedo. Entonces, como política de Estado, arriba, se han preocupado de la gran minería, que está bien, pero se han olvidado de este sector que ocupa en el país, por lo menos, a un millón, dos millones de personas. Hay una co-responsabilidad de la sociedad y el Estado. Juntos encaremos el tema. Pero lo que se está haciendo ahora es privilegiar la parte represiva. No la formalización. Si tú preguntas, ¿cuánto hay para la formalización? No hay plata. Hay plata para la interdicción. Pero no hay para la formalización. No hay plata, no hay fondos, no hay recursos. Y eso también lo dice Ipenza: un Estado que no da recursos ¿cómo va a llevar a cabo la formalización?

Pero 289 que han presentado su IGAC, de los miles de mineros que hay en Madre de Dios, no es un número representativo.

Lo que pasa es que el primer paso no es el IGAC, es del uso del terreno superficial, y son pasos precursivos, es decir, das el primero, lo aprueban, y recién puedes dar el segundo. Nosotros suponemos entonces que debe haber otro tipo de intereses, presumimos que hay otro tipo de intereses. Sino, es inentendible. Y lo que sucede, se lo hemos dicho, a Jiménez Mayor, a Villanueva, que ya lo sacaron, a Urresti cincuenta mil veces: por qué no se sincera usted, general. Si no va la minería, entonces, señor, ya la gente se irá a su casa. Pero no les mienta, pues, general. No, que no es así, que esto que el otro. Te mete el cuento, pero no hace nada.

¿Qué posición tiene la Fedemin sobre la intervención de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios? ¿Ha habido o no corrupción en la Corte Superior de Justicia?

Mira, el Poder Judicial en el país, en general, está mal. Y Madre de Dios no es la excepción. De que hay casos, sí los hay. Pero de haya algo sistemático, de que esté el Poder Judicial tomado por la minería ilegal, ¡no pues! Esa es una hipótesis interesada.

Al mismo tiempo, el juez Becerra, en Huepetuhe, fue destituido después de haber otorgado 22 acciones de amparo a favor de mineros. ¿No ve usted allí un interés?

Mira, lo que nosotros creemos es que el Poder Judicial tiene que ser autónomo. Si no, ¿qué garantías tenemos como ciudadanos? El juez anterior (se refiere a Marino Cusimayta) al que salió (Juan Becerra Marroquín) había admitido acciones de amparo y medidas cautelares a favor de varios mineros. Se quejó el ministro del Ambiente, se quejó Urresti, no que ese juez, que está coludido, lo sacaron. Entró Becerra y sin que se lo pidan, de oficio, anuló todo. Entonces lo que yo pido, como abogado y como ciudadano, son jueces autónomos, del poder político y del poder del dinero. Si el minero no tiene la razón, entonces que no se la den. Si yo, como ciudadano o como Estado, me siento afectado, mi procurador apelará entonces. Apelará en Huaype, se vendrá aquí a la Corte Superior, y aquí con tres vocales, con más experiencia, enmendarán cualquier error. Pero mira todo ese escándalo que se ha armado por ese tema. La República ha sacado que la enamorada, que la mamá, o sea, ya es truculencia. Para nosotros lo central es la formalización, y el Poder Judicial que actúe autónomamente. ¿Qué garantía tiene el ciudadano de a pie de que el Estado no lo atropelle? Poderes autónomos, por eso se creó la separación de poderes. Pero, ¿te parece correcto que salga Pulgar Vidal y diga: ese juez afuera, ese juez, que se vaya? ¡Y el juez se vaya! ¿Dónde vivimos?

Uno de los compradores del oro que se produce en Madre de Dios había sido una empresa llamada Italpreziosi, que está siendo investigada por la fiscalía de Nueva York, por lavado de activos y narcotráfico. ¿Sabía usted que el narcotráfico está usando el oro de la minería ilegal para lavar dinero?

Acerca de todo lo que sea ilegal, ¿cómo podríamos engañar, esconder? Lo que la Federación Minera quiere es que la actividad se ordene y se formalice. Y si nosotros la ordenamos y la formalizamos, evidentemente, vas a saber de dónde procede el oro, a quién se le vende, con facturas, y se podrá hacer el seguimiento financiero, el rastreo sucesivo de las compras, de las ventas. Justamente este desorden es lo que genera la situación de delitos conexos. Ordenémonos y estoy seguro que se los va a poder controlar mejor. Pero estos dos años el Estado no nos ha ayudado en nada en el proceso de formalización. A lo que se está apuntando no es a formalizar, sino a eliminar la actividad. ¿Quién vendrá después? ¿A quién se la darán? Están estrangulando la economía del oro en la región.

¿Es cierto el rumor de que habrían grandes empresas interesadas en invertir en el corredor minero y por eso quieren sacar a los mineros? ¿Quiénes son esas empresas?

Nosotros desde la Federación nos decimos: oye, algo raro pasa acá, porque no se trata de mineros chúcaros que no quieren formalizarse. Hemos viajado a Lima cien veces a pedir: oye ya pues, soluciona esto, formaliza, y estamos viendo que de los 289 IGAC que hemos presentado, 268 han sido rechazados.

¿Hay mineros pidiendo concesiones de forestaría y ecoturismo para obtener el uso superficial de la tierra?

Puede ser. No te puedo ni afirmar ni negar. El minero es libre y dirá: para evitar problemas voy a ser dueño de abajo, de arriba. Puede ser, sí. Para el Informe Final de la Mesa Técnica, nosotros entregamos todas nuestras propuestas el 25 de octubre. Nos dijeron: propongan qué modificaciones necesitan, cuáles son los problemas que tienen, qué plantean, qué proponen, cómo trabajarían minería en los ríos, cuáles serían los estándares ambientales, todo eso nos pidieron. Y aquí en esta mesa nos reunimos durante diez días con quince consultores: ingenieros que asesoran a los mineros en su IGAC. Y trajimos dos consultores de Lima. ¿Cuándo nos han contestado? En febrero. Cinco meses le tomó al gobierno contestarnos acerca de temas que ya son totalmente sabidos.

¿La Ventanilla tendría que solucionar los usos diversos sobre la superficie? ¿No se creó para eso?

Esa es la teoría. En la práctica no hace eso. Mañana en la mañana anda a ver qué hace esa ventanilla, y si funciona, si funcionará, hermano. Porque no había trabajadores, no tenía computadoras, es más, nadie la usaba, no estaban interconectadas las instituciones. El ANA iba a una hora, el otro iba a otra hora, de ocho a ocho y media, no había un personal permanente. Realmente un desastre.

¿Actualmente, hay un mercado negro del oro?

Las interdicciones lo han generado, sí, hay un mercado negro de compra y venta de oro. ¿Cuál es el precio del oro que hay actualmente? Es el que pone el mercado negro. El precio del oro debería estar a S/.120, S/125, a ese precio sigue más o menos en Brasil. Y aquí están pagando S/.80, S/.90, S/.100 soles por gramo, y no te compra el comprador formal, no te está comprando Oro Fino, las empresas que siempre te compran. Ese dinero sabe Dios de dónde viene. Y es más, ni te quiere recibir factura. Se ha ilegalizado la compra y venta del oro. ¿Y quién pierde? Está perdiendo el minero doblemente, porque pierde en el precio, no otorga factura, y si no otorga factura tampoco puede acreditar su producción mínima.

¿Quién está comprando ese oro?

Sabe Dios, hermano, de dónde vendrá la plata. No se sabe. Han estado pagando hace dos meses, 70 soles por gramo. El gramo fuera está a más de cien. Gana treinta soles por gramo, imagínate el negocio que es ése. El Estado se comprometió a que Activos SAC compre el oro de los mineros. Hasta ahora no se ha hecho nada. Si quieren apretar, que abran entonces su ventanilla en el Banco de la Nación, que se pida al minero su declaración de compromiso, y pueda entonces vender su oro allí. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no les ha dado la gana.

Escuché rumores en la ciudad de que como ya no puede salir por la Interoceánica, ni por el aeropuerto, está saliendo hacia Brasil y Bolivia.

Puede ser, puede ser. ¿Por qué? Porque han cercado toda la exportación de oro de Madre de Dios. Y no todo es oro ilegal pues. Han metido a todos en un mismo saco: a todos los han puesto como ilegales.

Pero los mineros parece que transitan de forma bastante fluida entre la ilegalidad y la informalidad. Un mismo minero puede ser ilegal e informal.

Lo que pasa es que es una línea muy sutil. Porque la definición misma de la ley, de legal e informal, es casi lo mismo.

Por lo que tengo entendido un ilegal es el que trabaja sobre cursos de agua y en áreas naturales protegidas. Eso es ilegal.

Es, pero además hay otros elementos para ser ilegal. El que realiza actividad minera sin cumplir con los requisitos. Pero ninguno de los mineros de Madre de Dios cumple con los requisitos, pues. Les falta su IGAC. Eres ilegal y eres informal. Dar ese salto cualitativo a legal es algo que el propio Estado no está permitiendo. Mira, para terminar lo de las superposiciones. Iban a elaborar un D.S. para regular un procedimiento administrativo a través del cual se resuelvan los casos de superposición entre derechos mineros y otros derechos de uso sobre el terreno superficial. A un mes del plazo de la formalización, recién van a sacar un D.S. que resuelva los problemas de las superposiciones. Estamos a 17 de marzo. ¿Lo han dado? No lo han dado. Y ése es el 3er paso de la formalización. ¿Se entiende, no?

Sí, claro: tienen un plazo demasiado corto para cumplir con las cosas que el Estado les está pidiendo.

No, me refiero a la cosa sustancial. El tercer paso dice: acredítame con un documento sobre el uso del terreno superficial. Recién van a sacar un decreto supremo que va a resolver el problema de las superposiciones. Pero, ¿cuándo sale ese decreto? No se sabe. Y mientras tanto, bombardean, persiguen. Hay diez mineros en el penal. Y ya se acaba el plazo. Y Urresti dice: ahora voy a entrar a Huepetuhe, voy a bombardear, voy a perseguir. ¿Qué es esto? Es de locos. ¿Te das cuenta? No tenemos espacio para contestar. Sobre el tema de los cursos de agua, también. Hemos planteado cómo se debería trabajar, recogiendo experiencias de Colombia, de Venezuela, de Brasil. Pero recién van a analizar el tema. El plazo está al muere, y ellos siguen analizando. Y nosotros, sobre esto, hemos propuesto cómo se va a trabajar, cómo se va a hacer, los estándares ambientales, el uso del mercurio, etc. ¡Por lo menos que nos contesten!

Ok, hay una traba burocrática al proceso de formalización…

Así es. El Estado no estaba preparado para este proceso. Es un proceso totalmente improvisado. Y eso no lo digo yo, lo dice el propio Dr. Ipenza de la SPDA. Sin plata, sin recursos, sin funcionarios, la DREM está que se cae a pedazos. No hay forma.

¿Qué va a pasar después del 19 de abril? ¿Qué piensan hacer ustedes, si quedan miles de mineros en la ilegalidad?

El Ministro del Ambiente, que miente todos los días sobre el tema de la formalización, dice que se formalizarán veinte mil mineros. Cuando uno lee la entrevista da risa. Esa cifra es irreal, no existe. Es mentira. Él dice así, como puede decir, veinte, treinta, cuarenta mil. Según el ministro del ambiente viene ahora una estrategia de saneamiento que tiene por objeto evitar que los operadores continúen o que entren nuevos. Hay una etapa de saneamiento, pero no es para eso.

¿En qué consiste esa etapa de saneamiento?

Van a perseguir a los que no entren al proceso de formalización. Nosotros, al menos, seguiremos tratando de difundir y explicar a la gente para que la opinión pública en Lima entienda por qué se ha satanizado tanto la actividad. Lo concreto es que si en abril no se corrige esto, todos los mineros pasarán a la ilegalidad y serán sujetos a interdicción, persecución penal, lavado de activos, pérdida de dominio. Les van a aplicar todo este aparato normativo que han creado maquiavélicamente. Han armado todo un aparato para exterminar al pequeño minero de Madre de Dios. No hay otra explicación.

También hay casos de mineros que sacan su petitorio, obtienen su concesión, pero ellos saben que su petitorio está, por ejemplo, sobre la Reserva Nacional de Tambopata, saben que allí el Ministerio les va a denegar la solicitud, pero inmediatamente con el petitorio se van a trabajar. ¿Eso ustedes como lo controlan? ¿Cómo hacen para ordenar a su gente y ayudar a que este desorden no se haga peor?

Es difícil, eso. El problema es que venimos de una larga historia de informalidad. En Madre de Dios, antes de la Interoceánica, del 2005, 2006 que comienza la construcción, era una población, un departamento, totalmente olvidado. Imagínate, si hasta el 2006 había estado olvidado, cómo habría sido antes. ¿Cómo era, cómo se vivía acá? La informalidad era absoluta. ¿Por qué? Porque no es sólo la informalidad del oro, es la informalidad de todas las actividades conexas. Oficinas de Sunat sólo hay en Maldonado, no hay en ningún otro sitio. Tu sales de Maldonado y nadie te da boletas, y el minero, ahora con la formalización, tiene que sustentar sus gastos, con un contador, pero va al mecánico, le reparan una bomba, y el mecánico no da boleta. Porque el mecánico tampoco tiene licencia ni tiene nada. Se va a un grifo, tampoco dan boleta, los transportistas, los motoristas en los ríos, tampoco dan boleta. La economía de Madre de Dios es informal. Es tema social, cultural, de capacitación. Porque si sacas tu línea del nivel de educación que tienen los mineros, te vas a dar cuenta que de los primeros grados de primaria no pasan, algunos tienen secundaria, otros son analfabetos. Es un tema complejo. El proceso de formalización de Colombia duró diez años, seis de preparación y cuatro de ejecución. Eso lo dijo un técnico de la Comunidad Andina en un evento que justo organizó la SPDA, donde estuvieron los del Minam, toditos. Pero parece que no aprendieron nada de lo que dijo. De Colombia, un americano, un venezolano, todo lo que dijeron los del Minam fue refutado por esos técnicos que ellos mismos trajeron.

Cuando yo le pregunté acerca de eso a Urresti me dijo que ustedes se estaban comparando con mineros legales en Colombia. Pero allí también hay minería ilegal, y en realidad, para Urresti, los mineros ilegales aquí son el equivalente peruano a esa minería ilegal en Colombia.

Lo que pasa es que la minería aquí se ha ilegalizado. El minero en río trabaja hace mucho tiempo. Porque el oro baja por el río. Pero, prohibieron la minería en ríos, entonces, ya es ilegal. Si alguien me dice: está prohibido usar camionetas. Entonces ya es ilegal, un policía me para en la calle y me quita la camioneta. Ahora, qué han hecho con otros mineros para convertirlos en ilegales: han sumado las concesiones que tienen individualmente las familias de los mineros, del papá, de los hijos, suman el área total de sus concesiones, y pasan las 2000 hectáreas. Entonces, ya no es pequeña minería sino mediana minería. Le anulan entonces su declaración de compromiso, lo sindican como minero ilegal, y encima el procurador del Minam pide que lo interdicten.

Ese el caso de Gregoria Casas.

No es sólo ellos, de varios. Ellos son la familia más emblemática, más publicitada. Pero, hermano, hay decenas de casos así. El Estado te ilegaliza, y de ahí, te persigue. ¿Adónde vivimos? Es una locura. Como la señora tiene 600, el hijo tiene 400, la otra hija tiene tantas hectáreas, sumadas todo por el principio de la primacía de la realidad, ah, mediana minería. Anulado el IGAC, denuncia, y encima El Comercio, que allí está, como un sicario a sacar el ancho a la gente. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿qué hace el ciudadano humilde de Puerto Maldonado, cómo se defiende? ¿A quién le dice, ayúdame? Va al Poder Judicial y allí le dicen: ah no, la minería ilegal está corrompida, fuera. La gente se siente débil, hay mucho resentimiento, imagínate qué puede pasar: marchas, huelgas, el Perú no puede vivir así, cuando esto se puede arreglar. Urresti nos dijo varias veces: minería en ríos, sí, lo vamos a hacer, como en Colombia. Ok, entreguen los estándares. Ya, vamos a darles, todo. Nunca. Llévenme a Madre de Dios, vamos a discutir allá. Ya, perfecto. Lo han invitado el sábado para que venga aquí a la comisión de ecología, no ha venido. Le hemos dicho: general, venga pues, a Madre de Dios, nadie le va a hacer nada. Discutamos como gente. No, que ustedes me están moviendo a la gente, doctor. No es así.

Para el tema de las dragas, dicen que van a analizar. Todavía están analizando. No han dado respuesta. Van a regular la maquinaria para que se pueda trabajar minería en los ríos, iban a sacar un decreto supremo, nada. Los casos de superposición, también otro decreto supremo. Nada.

Los medios tienen que informar con objetividad. Ayúdenos a decirle al país que les están mintiendo. Los medios sacan a los mineros como demonios, como que no quieren formalizarse, cuando la cosa es al revés. Esta es minería informal, no es ilegal. El Sr. Otzuka tiene siete denuncias, ocho, ya le han metido una más. Él opina, pum, contaminador, acusa el procurador del Minam, y el procurador llamando al fiscal ambiental, oye, pídele prisión preventiva. ¿Qué es esto? Ya ni Fujimori.

Por cierto, usted inició su carrera política en el 2001, ¿no es así?

No, yo he sido diputado, en el año 90, por Madre de Dios. El único diputado. Y he sido disuelto el 92 con Fujimori, el 5 de abril. Y luego de eso, el 94 estuve en Lima unos años y luego volví, y desde entonces vivo aquí. De allí he vuelto a postular el 2000 y estuve en el Parlamento del 2001 al 2006.

¿Está usted pensando en lanzarse para las elecciones regionales y municipales?

No. Eso es totalmente falso. No voy a postular.

FUENTE:

https://redaccion.lamula.pe/2014/03/27/el-estado-ha-ilegalizado-a-los-mineros-de-madre-de-dios/gabrielarriaran/

 

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